Denuncian que Macri tiene un plan para disciplinar a la Justicia y nombrar jueces amigos
Ante las constantes avanzadas del macrismo contra funcionarios judiciales que molestan al Gobierno, desde Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentaron una denuncia ante la ONU en la que abordaron casos que muestran el «riesgo que corre el estado de derecho y el propio sistema democrático» mediante un «plan sistemático y estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial» en manos de la política, poderes económicos y medios de comunicación, con injerencia directa de Mauricio Macri.
La presentación se hizo en septiembre ante el Relator Especial sobre independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y se actualizó con los ataques contra Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores que investiga la causa de una red de espionaje ilegal y que fue atacado por el Gobierno.
En su escrito, AJUS denunció un «plan sistemático y estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial y que involucran a los poderes políticos y económicos, en connivencia con las empresas hegemónicas de medios de comunicación». Mediante este plan, se vio «vulnerada la estabilidad de los funcionarios judiciales y el equilibrio de la representación en las instituciones y órganos del Sistema Judicial».
Esta vulnerabilidad fue posible gracias a «amenazas explícitas, acciones mediáticas de desprestigio, utilización del sistema de control judicial para disciplinar sentencias adversas a los intereses políticos y económicos, y la cobertura de cargos por mecanismos contrarios a la legislación entre otros», argumentó la organización.
Esta mañana se conoció que la Sala II de la Cámara de Casación Penal aceptó la recusación del camarista Alejandro Slokar, que molestaba al Gobierno y una figura clave para definir si la causa de espionaje ilegal queda en manos de Ramos Padilla. No es el único funcionario judicial apartado durante el macrismo y el próximo objetivo es el juez de Dolores, a quien le pidieron el inicio del juicio político en el Consejo de la Magistratura, de la mano de Cambiemos.
Para demostrar estos puntos, desde AJUS abordaron trece casos que ilustran las «injerencias del presidente Mauricio Macri y sus legisladores sobre el sistema judicial» dentro de la que se destacan, además de amenazas y acciones mediáticas de desprestigio, «la utilización del sistema de control judicial para disciplinar sentencias adversas a los intereses políticos y económicos dominantes, con un claro objetivo de persecución a opositores políticos».
Trece casos de «cooptación» del sistema judicial por el Ejecutivo
Para e ilustrar el “Plan Sistemático” de cooptación del Sistema Judicial Argentino remarcaron los siguientes casos:
1) La designación de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto: en relación a Carlos Rosencrantz y Horacio Rosatti.
2) La cooptación política del Consejo de la Magistratura por parte de la fuerza que preside Mauricio Macri: «Se ha lesionado la independencia que debe tener la entidad encargada de la selección de jueces, toda vez que la intervención del Poder Ejecutivo a cargo del Ing. Macri ha torcido su natural equilibrio».
3) El ataque a la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó: una operación política de desgaste y desprestigio que sufrió la procuradora hasta mediante un andamiaje ejecutado por el Gobierno de Macri, logró su cometido, al finalmente provocar la renuncia de la Procuradora Gils Carbó».
4) La manipulación de la jubilación de la Helena Highton de Nolasco, la arbitrariedad de su mantenimiento, y el cambio de su posición jurídica: la decisión del Poder Ejecutivo de no apelar un fallo de primera instancia que logró consolidar a Highton en la Corte Suprema más allá del límite etario establecido por la Constitución. A partir de ese momento carece de la apariencia de ser libre al momento de emitir sus votos ante los ojos de un observador independiente, dado el elevado grado de politización que existió para su estancia en el cargo».
5) La designación ilegal del Juez Culotta en la Competencia Electoral de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del año 2015: «Vulneraciones de los estándares internacionales de independencia de los magistrados, dada la manifiesta politización de la subrogancia de Culotta a partir de la petición que realiza el Poder Ejecutivo».
6) La designación ilegal del Juez Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal: «Violentando las garantías de juez imparcial, sin realizar el proceso de selección para la designación y nombramiento de magistrados, violentando de tal modo los estándares de politización, regulación de traslados de magistrados y su provisionalidad».
) La designación ilegal del Juez Bruglia en la Cámara Nacional de apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal: «Con la sola voluntad e intervención del partido político a cargo del Poder Ejecutivo Nacional se designa a un magistrado para que intervenga en causas de particular interés para éste, generando un indeseable estado de presión y parcialidad a la hora de dictar resoluciones».
8) El ataque a los abogados y jueces laboralistas por parte de Mauricio Macri y sus legisladores: «El Poder Ejecutivo, mediante sus declaraciones públicas, más el pedido de enjuiciamiento realizado por el Ministro de Trabajo a los magistrados que dictaron sentencias contrarias a los intereses gubernamentales marcan a las claras tal indebida injerencia del poder político buscando el disciplinamiento de los magistrados y abogados».
9) El ataque por parte de Mauricio Macri y sus legisladores al juez Daniel Eduardo Rafecas y su sanción: «Utilización del sistema de control judicial para disciplinar magistrados que no concuerdan con los intereses gubernamentales».
10) El ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah por parte de Mauricio Macri y sus legisladores: «Injerencias y amenazas utilizadas por el Gobierno de Macri para lograr el sometimiento de la Cámara Federal de Apelaciones Penal de la Capital Federal».
11) El ataque al Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla: «Se vale de amenazas públicas y sometimiento a un jury de enjuiciamiento, en busca de manipular la investigación que desnuda complicidades entre la Agencia Federal de Inteligencia, periodistas y sectores del Ministerio Público Fiscal».
12) La manipulación de Fiscales en la causa “Correo Argentino S.A. S/ Concurso Preventivo”: «El viscoso entramado empresarial del Presidente de la República, como accionista y directivo de un holding de empresas contratistas del Estado, en un claro conflicto de intereses, y cómo a partir de ello se han ejecutado diversas tácticas tendientes a romper la independencia de los operadores judiciales y lograr una mejor situación económica y judicial de la empresa familiar».
13) Las presiones a la Jueza María Romilda Servini de Cubria por parte de Mauricio Macri y sus legisladores: «Injerencias que la propia jueza denuncia públicamente, mediante las presiones recibidas por el Poder Ejecutivo, cómo las recibidas por su núcleo familiar, que dan como resultado la renuncia a la subrogancia del juzgado electoral, fundamental para enlazar el plan sistemático denunciado».
¿Cómo sigue la denuncia?
Una vez recibida la denuncia, el Relator Especial sobre independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirá si se violaron los derechos humanos. De ocurrir así, le pedirá a Macri que proporcione, en seis meses, información sobre los temas denunciados y podrá hacer recomendaciones al Estado para hacer el seguimiento y fortalecer la independencia de los Poderes.
El objetivo será «investigar el plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura instaurado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y analizar las cuestiones de principios subyacentes de cualquier quebrantamiento de la independencia de los magistrados, de los abogados y auxiliares de justicia, sobre la base de la información de las presentaciones».
Fuente: El Destape