La economía argentina, en concurso preventivo
La situación de la economía argentina es análoga a la de una empresa privada en concurso preventivo. Ante la falta de liquidez que terminó en la crisis de balanza de pagos del año pasado, el país acudió a un «síndico», es decir un agente externo encargado de ponerle límites hasta que recupere la solvencia y cumpla con la cancelación de sus pasivos.
El fin de la crisis cambiaria de 2018 se logró con un paquete de rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de junio, reformulado en septiembre. Con este acuerdo se abrió una nueva etapa para la economía nacional: ahora el gobierno argentino debe las metas financieras y macroeconómicas acordadas para que el FMI desembolse los fondos acordados en tramos trimestrales hasta 2021.
El programa acordado contempla el uso de esos fondos para asistir a los sectores más empobrecidos y vender divisas en el mercado local. Pero se trata de un préstamo tradicional: son fondos que se otorgan siempre que el gobierno receptor enfríe la demanda interna aplicando un ajuste fiscal y medidas monetarias contractivas que a la vez eviten la caída del tipo de cambio real. El objetivo es el de forzar un aumento del ahorro del sector público, y generar divisas vía comercio exterior, no mediante emisión de nueva deuda externa.
En junio del año pasado Mauricio Macri optó por acudir al FMI, que a su vez cumplió dos funciones: la de «bombero» financiero para apagar el incendio de corto plazo; y la del «síndico», que puso límites a la conducta del deudor, para que no incurra en cesación de pagos.
El resultado deseado es restaurar la credibilidad perdida durante la crisis cambiaria, revertir los déficits en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente de balanza de pagos, y cancelar los servicios de la deuda externa sin incurrir en nuevo endeudamiento. Técnicamente es lo que se llama «retornar a un sendero de solvencia». Y para asegurarse ese resultado, el FMI gira los fondos trimestralmente, siempre y cuando se cumplan las metas de política acordadas con el gobierno argentino.
Es por eso que las metas a alcanzar son restricciones efectivas ante cualquier «desvío» o «travesura» del deudor. Como buen síndico, el FMI gira fondos si y solo si las autoridades de nuestro país cumplan con metas acordadas que impiden cualquier aumento sorpresivo del gasto público y de la emisión monetaria.
El objetivo primario es el de recuperar la solvencia fiscal, de ahí el aumento de la presión tributaria y la generalización de las retenciones a las exportaciones, y la caída en las transferencias a las provincias y en los fondos destinados a la inversión pública. Su programa no persigue a priori el crecimiento de la economía y tampoco asegura la generación de divisas para el pago de los futuros vencimientos de la deuda pública externa.
En otras palabras, el programa del FMI no resuelve los problemas de la economía ni resuelve con sus desembolsos el «financial distress» del gobierno argentino. Prestar sin imponer metas exigentes hubiera significado repetir el error de junio pasado, cundo el FMI giró U$S 15.000 millones que «se esfumaron» en menos de 90 días.
El nuevo acuerdo ha sido más estricto en materia monetaria, y ya sin «metas de inflación», gira en torno de muy altas tasas de interés que el BCRA no puede reducir rápidamente sin arriesgarse a una corrida cambiaria. El programa sugiere que hasta 2021 no habrá discrecionalidad fiscal ni monetaria alguna.
¿Y después? La incertidumbre al respecto no es sólo económica, sino política y esta se define en los comicios de este año. En diciembre pasado Guillermo Calvo realizó una observación que no pasó inadvertida: «lo que más me preocupa no es que vuelva Cristina, sino que aparezca un Fujimori».
Dos problemas asoman y no en el tan largo plazo: el de la credibilidad y el de la sustentabilidad del programa en curso. La urgencia de fondos y la necesidad de ordenar el mercado de la energía han sido para el FMI razones válidas para extender las retenciones a exportaciones de todos los bienes y servicios, y continuar con las subas de tarifas públicas.
Sin embargo, aparece un problema intertemporal: puede seguir bajando el déficit primario nacional y provincial hasta 2021, pero a costa de destruir PBI y desalentar la inversión real. La carga del ajuste recae sobre el sector privado, debilitándose su capacidad presente y futura para pagar impuestos. En consecuencia, el retorno al deseado «sendero de solvencia» no está asegurado. Y ya en la revisión de diciembre de los números de Argentina los técnicos del FMI afirmaron que «la deuda (pública) se mantiene sostenible, pero no con alta probabilidad.»
El desafío es el de consolidar al menos una década de crecimiento del PIB no inferior al 4%-5% anual, sin alta inflación ni crisis cambiarias ni financieras. Si no, la deuda pública no convergerá a ningún «sendero de solvencia» y en ese caso no habrá más que dos caminos: a) aumentar más la deuda pública con no residentes, o b) negociar una extensión de plazos («reperfilamiento») de vencimientos de la deuda pública externa. Y para esta alternativa, será necesario revisar casos de reperfilamientos negociados con el FMI, como los de Pakistán (1999), Uruguay (2003), República Dominicana (2005), Ucrania (2015) o Grecia (2018).
Si algo es claro, es que el «síndico-bombero» contribuyó a poner fin a una crisis cambiaria que amenazaba con salirse totalmente de control. Cualquiera sea el candidato que se imponga en las próximas elecciones presidenciales, un programa de estabilización y crecimiento es más que necesario para recuperar la solvencia fiscal. Esto exigirá no subestimar las interacciones entre: a) la credibilidad en políticas actuales y futuras, y en sus responsables, b) la sucesión de decisiones de política macroeconómica, y c) las restricciones políticas.
Caso contrario, se volverán a repetir conocidos errores de política como los del año pasado, lo cual puede conducir a otra crisis cambiaria, a un default de la deuda y/o a una corrida bancaria. Y el resultado esperable en ese caso, es más que conocido: conflictividad política, inestabilidad macroeconómica y el innecesario empobrecimiento de la mayoría de la población.
Fuente. lapoliticaonline