«No hay decreto que borre la memoria”
La decisión unilateral del presidente Mauricio Macri de convertir un sector del predio militar de Campo de Mayo en una reserva natural encendió las alarmas en los organismos de derechos humanos sobre el riesgo que corre la preservación de algunos espacios donde podría haber restos humanos enterrados y demás pruebas de los centros clandestinos de detención que funcionaron en esa guarnición militar. Por este motivo, Abuelas de Plaza de Mayo presentó una denuncia ante la ONU en la que, además, se cuestionó al Gobierno por “violar el deber de consulta” que debió hacerse a los familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado antes de decretar allí la apertura de un centro de recreación ambiental.
“Queremos que nos dejen ese lugar para la memoria y que respeten los espacios donde se considera que funcionó un campo de concentración, y donde aún hay que investigar. Ese es nuestro deseo y estamos en movimiento en ese sentido”, definió a Página/12 Estela de Carlotto al ser anoticiada del decreto 1056/98 del Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido se pronunció Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Campo de Mayo es un lugar emblemático y hay sobrevivientes que dan testimonio de lo que pasó ahí. Hay que mantener la memoria no solo en esos lugares sino también en la búsqueda de justicia. La mitad de ese predio no fue investigado, así que hay que preservarlo”, remarcó a este diario.
En ese predio no solo funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención, sino que también fue base de donde partieron los denominados vuelos de la muerte y hubo una maternidad clandestina para la apropiación de bebés. El artículo 5º del decreto firmado por Macri asegura que en la nueva reserva se “deberán garantizar la preservación de todos los sitios de memoria del terrorismo de estado» y permitir «la realización de las investigaciones judiciales pertinentes”.
“Esperamos que eso se cumpla y se controle, tenemos que confiar”, agregó Cortiñas, quien no obstante deslizó una crítica: “Lo que ocurrió ahí no se puede olvidar. No va a haber decreto que borre la memoria, ni lograr que el pueblo olvide ni perdone”.
Al publicar el decreto, el gobierno nacional pasó por alto una cuestión: la normativa internacional indica que las víctimas del terrorismo de Estado y sus allegados deben estar involucradas en las actividades o proyectos lanzados los lugares donde sus derechos humanos fueron vulnerados. Pero Macri no los consultó.
Este “olvido” le valió el gobierno de Cambiemos una denuncia presentada ayer ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (Acnudh) y el relator especial sobre Promoción de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición (Ohacr), ambos de Naciones Unidas. Allí “ponemos en evidencia la violación del deber de consulta y también que corren riesgo las investigaciones futuras”, reveló el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud.
“Hay testigos que siguen declarando, es decir que las investigaciones siguen en curso y no se sabe qué nueva información pueda surgir”, agregó el letrado a Página/12. Las sospechas son varias.
En Campo de Mayo funciona un sector destinado a la Ceamse y las autoridades deslizaron en los últimos meses que se lo ampliarían. También se impulsa en ese predio un proyecto inmobiliario. Tanto en estos dos sectores como en parte de lo que ahora es una reserva natural de carácter intangible puede haber más pruebas de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
“Encendemos una alarma porque no descartamos que en esos lugares sea necesario hacer excavaciones”, agregó el letrado. De hecho, Carlotto recordó también que “los nietos que han nacido en ese predio tan nefasto son muchos y quién sabe cuántos más hubo”. Por otra parte, el abogado criticó que si bien el decreto presidencial asegura que se preservarán los sitios de la memoria, los lugares identificados como tales “están prácticamente abandonados, no hay resguardo ni mantenimiento”.
Otra de las críticas refiere a la decisión de Macri de crear la reserva natural por decreto y no por ley, tal como lo requiere la creación de parques nacionales. Para Iud, el Presidente “decidió acudir a la figura de la Reserva Ambiental de la Defensa a través de un convenio marco y por decreto, porque esa es la vocación que tuvo siempre y porque de esa manera evita el debate parlamentario, en el que pudo incluirse la consulta a las víctimas (del terrorismo de Estado) y a los organismos de derechos humanos”.
La denuncia ante la ONU presentada por Abuelas de Plaza de Mayo tuvo el respaldo de una decena de comisiones por la Memoria de la provincia de Plaza de Mayo, así como también de asociaciones de ex presos políticos, familiares de víctimas, de HIJOS Capital y la Red provincial por los Derechos Humanos.
Para Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, “el Gobierno quiere tapar lo que ocurrió en Campo de Mayo”. No obstante reconoció que el decreto tendría un costado positivo: “Si el Presidente está preocupado por el medio ambiente, entonces que conserve ese lugar tal como está. Que no haga lugares de paseo ni nada y que respete los sitios de memoria” reconocidos hasta el momento. “Aparte –agregó- ahí funciona un centro del Ceamse, lo que es un poco contradictorio con la protección del medio ambiente”.
Fuente: Página 12