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Dictamen para designar a Ulpiano Martínez como fiscal

La Comisión de Acuerdos del Senado aprobó el pliego que propone al ex juez subrogante que benefició a represores Santiago Ulpiano Martínez como fiscal de primera instancia en Bahía Blanca.

Dictamen para designar a Ulpiano Martínez como fiscal

Los senadores oficialistas Federico Pinedo, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard y Humberto Schiavoni; y los justicialistas Rodolfo Urtubey, Carlos Caserio, Guillermo Snopek y Carlos “Camau” Espínola, dieron acuerdo al pliego que le permitirá a Ulpiano Martínez, de aprobarse en sesión, ser titular de la Fiscalía de Instrucción Federal 2 de Bahía Blanca.

Los senadores aprobaron la propuesta de Ulpiano Martínez realizada por el Poder Ejecutivo en abril, a pesar de las impugnaciones que varios organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos –sus filiales porteña y bahiense–, el CELS y la APDH realizaron a la postulación del ex magistrado para el cargo. Los senadores que firmaron el dictamen destacaron su “idoneidad para desempeñarse” como fiscal.

Mientras subrogó como juez a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez protegió a ex funcionarios judiciales, ex capellanes y empresarios vinculados con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura al obstaculizar instrucciones en su contra, rechazar pedidos de indagatoria o de detención, incluso. La mayoría de sus negativas estuvieron dirigidas a pedidos emanados del Ministerio Público Fiscal, postura que sostenía incluso a pesar de que la Cámara Federal le ordenara lo contrario.

Entre sus protegidos figuran el dueño del diario golpista de Bahía Blanca La Nueva Provincia, Vicente Massot, y el ex capellán militar Aldo Vara, a quien dejó en libertad pese a que la Fiscalía había pedido su detención. Su gestión al frente del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca también se caracterizó por su negativa a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del Cuerpo V en tiempos de terrorismo de Estado. Su comportamiento fue tan perjudicial para el proceso de memoria, verdad y justicia que ni desde el Consejo de la Magistratura pudieron hacer oídos sordos. En 2015 no le renovaron la subrogancia.

Los organismos y las personas que lo impugnaron ante el Senado resaltaron que “no reúne los requisitos concernientes a la integridad moral e idoneidad técnica, el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos” para desempeñarse como fiscal federal. Aún no hay fecha para que el pliego sea tratado en el recinto.

Fuente: Página 12

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