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Crisis penitenciaria: “A nuestros defendidos se les hacen verdaderos infiernos”

Mario Coriolano, defensor de Casación bonaerense, definió como una “situación explosiva” las condiciones de encierro en comisarías. En Merlo, se habían registrado 31 denuncias por torturas. Datos preocupantes.

Crisis penitenciaria: “A nuestros defendidos se les hacen verdaderos infiernos”

El motín con toma de rehenesque se desarrolló durante las primeras horas de este viernes en la comisaría 3º de Merlo volvió a poner sobre el tapete la aguda crisis que atraviesa el sistema penitenciario bonaerense. El hacinamiento, la escasa alimentación y los malos tratos, son la turbia alquimia de condiciones de encierro extremas que, lejos de revertirse en los últimos años, han alcanzado escalas fatales, tal como sucedió en marzo de 2017 con la masacre de Pergamino.

Este preocupante panorama viene siendo alertado desde hace varios años por la Defensoría de Casación provincial, la cual confecciona informes periódicos en los que se da cuenta de la persistencia de casos de tortura en dependencias policiales, algunas de ellas provenientes de la misma comisaría que esta mañana fue escenario del caos.

La Defensoría de Casación registró denuncias previas de episodios de torturas y malos tratos provenientes de la comisaría de Merlo donde este viernes se produjo el motín. Se trata de 31 casos, 15 de ellos conocidos bajo secreto profesional por temor a represalias. Se refieren a golpes, patadas, incluso algunos que generaron lesiones importantes, como pérdida de piezas dentarias.

El titular de dicho organismo del Ministerio Público bonaerense, Mario Coriolano, calificó como “explosiva” la realidad que cruza a las condiciones de detención, y graficó: “A nuestros defendidos se le hacen verdaderos infiernos diarios”. Así, advirtió la existencia de “una situación compleja en base a distintos indicadores que demuestran que ha habido un aumento de la cantidad de detenidos en cárceles y en comisarías”.

Sobre las razones de esta tendencia creciente, Coriolano focalizó en dos aspectos: “Por un lado ha disminuido la cantidad de salidas a través de restricciones de libertades condicionales, libertades asistidas y penas altas. El otro, es que están llevándose a cabo muchas más aprehensiones policiales. Desde 2016, se están realizando más detenciones por delitos menores, casos en los que terminan saliendo porque no se les pide prisión preventiva al no contar con muchas pruebas o por ser delitos menores, y en pocos meses salen en libertad”.

40.220 es el número de detenidos que se registró en 2016 en la provincia de Buenos Aires entre cárceles y comisarías. Al no existir el cupo suficiente en cárceles para alojar a todos los detenidos, se produce el derrame que provoca la proliferación de presos en comisarías.

Tomando el fenómeno en su conjunto con esas dos distinciones descriptas, el Defensor de Casación comentó que el porcentaje de detenidos sin sentencia se ubica en la mitad de la población carcelaria, cuando antes rondaba el 60%: “Ahora se redujo, pero esa reducción hay que entenderla en un contexto de aumento en la cantidad de detenidos”, sostuvo para agregar que “ahora hay un porcentaje alto de condenados sin un juicio de calidad”, ya que los mismos “se hacen más rápido, sin calidad de defensa”.

CALDO DE CULTIVO. Bajo un escenario de “aumento de penas, restricción de las libertades y mayor cantidad de detenciones”, Coriolano consideró que “todo eso, sin la previsión de alojamiento, ha generado la situación explosiva que estalló en Pergamino, antes en Magdalena y ahora en Merlo”

El Defensor de Casación estimó que casos como el registrado este viernes “siempre están sobre un telón de fondo que es el hacinamiento”, ya que “no son lugares aptos y el personal no está capacitado. El policía no tiene la capacitación profesional de custodia y reinserción. Son combos explosivos por una suma de decisiones en política criminal en los tres planos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

E insistió sobre las comisarías: “No son lugares aptos para alojar detenidos por más de 48 horas, sin embargo están durante meses”. En este punto, recordó el relevamiento de calabozos habilitados para seis personas “que suelen estar ocupados por hasta 18”. Aquí, hizo foco en casos registrados en distritos del conurbano como La Matanza, Lomas de Zamora, y una extensión hacia el interior bonaerense, siendo el caso de Pergamino un penoso antecedente de ello.

DESEQUILIBRIO EN EL SISTEMA. Tomando los datos que van de 2013 a 2016, se observa un evidente desfasaje entre el número de personas que ingresa y el que egresa del sistema penitenciario. Los gráficos (ver abajo) muestran un aumento en el número total de personas detenidas al final de cada año calendario y, al mismo tiempo, un incremento de la cantidad de personas que anualmente salen del sistema de encierro. Sin embargo, existe un remanente que se acumula año tras año y que explica el crecimiento de la población carcelaria: de 30.988 en 2012 a 40.220 en 2016.

“Esa situación de alojar personas en lugares no adecuados, en un numero muchísimo mayor al permitido, hace que las personas no tengan ventilación ni aireación adecuada. No hay luz natural, no tienen lugar para realizar actividades, y todo eso va generando un cuadro inhumano muy fuerte en el que se hace muy difícil sobrevivir durante tanto tiempo”, recalcó.

También, Coriolano hizo hincapié en la escasez de comida, algo que “sólo es  paliada cuando los familiares llevan alimentos a los detenidos”. Por lo que sintetizó: “A nuestros defendidos se le hacen verdaderos infiernos diarios”.

Al advertirse que esta situación se agravaba y que los habeas corpus no estaban siendo una herramienta idónea, en los últimos años se hizo un planteo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual falló obligando al Estado a hacer cesar las condiciones de detención registradas: “Esa medida está vigente y no se está cumpliendo”, sostuvo Coriolano para subrayar que “tampoco se establecieron canales de dialogo para avanzar en esa situación”.

RESPONSABILIDADES. Al ser consultado sobre el poder del Estado en donde radica la mayor responsabilidad para revertir esta situación, el Defensor de Casación bonaerense analizó: “Como problema sistémico, son distintas partes de un todo. Pero si uno busca el punto de palanca a un problema sistémico, es la decisión de encarar desde el sistema penal la resolución de problemas sociales”. Así, señaló que se trata de “una conflictividad que podría abordarse con programas de prevención comunitaria, y una salida diferente a esta son modelos de justicia restaurativa que le den una respuesta a la víctima. Los actuales son modelos que no le dan una respuesta integral a las víctimas”.

De esta manera, observó que la política criminal implementada desde 2000 a la fecha se basa en un mecanismo de “mano dura que se va copiando y ajustando con distintas medidas que van llevando a la situación que describía en principio. Es una política criminal sumamente equivocada”.

PLANTEOS. En cuanto a los posibles caminos a tomar para revertir este preocupante panorama, Coriolano consideró: “La respuesta está en la Legislatura”, espacio donde sugirió la creación de “una bicameral de las distintas comisiones que atraviesan estos temas para que convoquen a una mesa interinstitucional para lograr un plan de acción con objetivos y plazos”, promoviendo “una escucha capaz de generar espacios para una reforma legal pero sobre todo consensos para políticas de Estado”.

Mientras tanto, el Defensor de Casación señaló que se está peticionando a la Corte que dicte una nueva resolución que establezca en 48 horas el plazo máximo de permanencia de un detenido en una comisaría: “Existe una vieja resolución de la Corte que establece el alojamiento por pocos días, pero sería necesario establecer nuevamente un plazo máximo”, definió

Fuente. LetraP

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