CULTURA

El año en que la crisis de la cultura se volvió estructural

Después de los despidos y el vaciamiento que caracterizaron a 2016, esta temporada estuvo atravesada por el congelamiento de programas y la subejecución de presupuestos. Se agravó la situación del sector audiovisual y se persiguió a espacios independientes.

El año en que la crisis de la cultura se volvió estructural

Si 2016 se caracterizó, en materia de política cultural, por los despidos, las maniobras de desfinanciamiento y vaciamiento de programas, los problemas edilicios en dependencias culturales y privatizaciones encubiertas de espacios públicos, durante el año que se va la crisis se tornó estructural. No hubo tantas cesantías –el año anterior fueron más de 500; éste cerca de 100– ni cierres de programas, pero mucho de lo que quedó en pie se vio sumido en una profunda crisis. A aquellos espacios y proyectos que tuvieron la “suerte” de no ser dados de baja, en cambio se los desfinanció por completo, congelando y subejecutando sus presupuestos al punto de que no pudieran funcionar. Por esa situación, se llevó al límite la precarización y degradación de las condiciones de los trabajadores, a quienes en su mayoría se les negó sistemáticamente todo diálogo con las autoridades en las respectivas carteras.

Entre los conflictos más importantes del año se encuentran la profundización del vaciamiento de los espacios que resguardan la memoria, el abandono de políticas oficiales para la enseñanza musical gratuita, el agravamiento de la situación del sector audiovisual –uno de los más golpeados–, de programas dedicados a la educación musical gratuita, el agravamiento de la situación del sector audiovisual, uno de los más golpeados, la profundización en la baja de los presupuestos culturales y la persecución a espacios independientes, entre otras cuestiones. Conflictos, todos, que PáginaI12 ha retratado en sus páginas.

Como había sucedido durante el primer año de gestión de la Alianza Cambiemos, la comunidad de la cultura se unió y organizó para hacer frente a los conflictos. Las jornadas de protesta y las reacciones concretas y definidas –incluso, la presentación de importantes proyectos de ley– se multiplicaron, lo que hizo que la representación de los funcionarios (sobre todo de los ministros) perdiera legitimidad. Tanto, que en la Ciudad tuvieron que cambiar de nuevo al titular de esa cartera –van tres ministros en dos años– y en territorio nacional replantearse el esquema de trabajo, con una profunda modificación del organigrama.

Los colectivos de siempre se expresaron en las calles, aparecieron nuevos (como El tango no se clausura) y se reafirmaron otros (como la joven rama sindical denominada Radar de los Trabajadores, que organizó un encuentro para repensar el trabajo y la cultura y un importante festival). También, el sector se mostró unido en momentos clave, como el último 24 de marzo, cuando por segunda vez la columna de cultura avanzó en la Ciudad de Buenos Aires con sus reclamos y consignas. Los movimientos y colectivos del circuito independiente son los que vienen defendiendo una cuestión clave, a medida que el macrismo avanza y desmantela todo a su paso: la cultura es un derecho humano.

Cambios en ministerios

El año empezó con cambios en los organigramas, con la “renuncia”, a principios de febrero, de Darío Lopérfido de la dirección artística del Teatro Colón. El funcionario, que el año pasado había sido eyectado de la cartera cultural porteña por su polémico desempeño y repudiadas declaraciones, fue directamente exiliado a Alemania, donde actualmente se desempeña como representante especial para la Promoción de la Cultura Argentina.

Luego de meses de aparente calma, en agosto llegó la segunda renuncia: la de Enrique Avogadro, por entonces secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación. Según contó en esa oportunidad, su ida se debió a “diferencias” con Pablo Avelluto, titular de esa cartera. Junto con él se fue Débora Staiff, ex subsecretaria de Cultura Ciudadana. Hace tres semanas, Avogadro volvió al centro de la escena: Horacio Rodríguez Larreta lo anunció como nuevo ministro de Cultura porteño en reemplazo de Ángel Mahler, quien había suplantado a Lopérfido y tuvo una gestión breve y desdibujada.

Presupuesto y legislación

En un contexto “de emergencia” –según colectivos y trabajadores–, dos proyectos de ley presentados este año pusieron el foco en la cuestión presupuestaria como garantía de derechos culturales. El primero fue presentado a mitad de año por el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas (FAyTC) en el Congreso de la Nación, bajo el nombre de Ley Federal de las Culturas. En su momento la definieron como “ley marco para la implementación de políticas públicas claras y federales”, a falta de una legislación semejante a nivel nacional. Entre sus puntos más importantes, establece que el presupuesto para cultura no sea inferior al uno por ciento del presupuesto total, tal como recomienda la Organización de las Naciones Unidas. Eso es porque, como viene sucediendo, en los planes de la coalición gobernante está el de destinar sólo el 0.037 por ciento del PIB para la cartera cultural para 2018. Durante este año, el Ministerio de Cultura de la Nación solamente ejecutó el 1 por ciento destinado para el mantenimiento de edificios, colección de obras de arte y compras de libros para las bibliotecas populares del país, mientras que crecieron los gastos discrecionales.

Un proyecto similar fue presentado en la ciudad de Buenos Aires por el colectivo Cultura Unida, que también agrupa a trabajadores del ámbito de distintas ramas. El objetivo fue exigirle al Ejecutivo una distribución presupuestaria más equitativa y justa en lo que refiere a la cultura de la Capital Federal, ya que los recursos siempre benefician a grandes organismos o institutos oficiales. De aprobarse, el Ministerio de Cultura deberá garantizar no menos de un 3,5 por ciento del presupuesto total de cultura de la Ciudad para los organismos de fomento a la cultura independiente (Proteatro, ProDanza, ProEscritores, BAMusica y BAMilonga). Para estos institutos, el aumento con respecto al año pasado fue solo del 1, 2 por ciento.

Sector audiovisual

Fue uno de los más movidos durante 2017. Si bien los conflictos se arrastran desde el comienzo del gobierno de Cambiemos, este año la lucha del sector se acrecentó en respuesta a los ataques sistemáticos a distintas ramas de la industria, entre las que se vieron afectadas principalmente el cine y la televisión.

Ya a comienzos de febrero la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional se declaró en estado de “alerta permanente” y anunció un plan de lucha federal, preocupada por la inacción del Gobierno en relación al fomento y desarrollo de la producción local y por los trascendidos en torno a lo que sería la nueva Ley de Comunicación Convergente, que pareciera ser contraria a cualquier espíritu federal e inclusivo. Durante el año, la asociación que agrupa a diversas entidades no sólo realizó congresos y manifestaciones, sino que además presentó un proyecto de ley en el Congreso que contempla la creación del Instituto de TV y una serie de medidas para estimular la producción, que debería ser tratado en las cámaras el año próximo.

En lo que refiere específicamente al cine, 2017 fue uno de los más difíciles de los últimos años, sobre todo por la crisis que se vivió en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), ente rector de la actividad. Todo empezó con la remoción de Alejandro Cacetta, su presidente hasta abril, cuando fue reemplazado por el gobierno por Ralph Haiek. En esa misma maniobra, el Ejecutivo firmó una resolución que condiciona el acceso a créditos con cláusulas que los referentes del sector consideraron “imposibles de cumplir”, lo que suscitó manifestaciones masivas en la puerta de la entidad. Hace menos de un mes, desde el instituto confirmaron otra mala noticia: en 2018 se suspenderá el otorgamiento de nuevos créditos, ya que supuestamente la cantidad de proyectos aprobados superó el alcance presupuestario.

En lo que respecta a televisión, las cosas no fueron mejor. En principio, ante la falta de acuerdo en el aumento paritario, el Sindicato Argentino de Televisión (Sat-Said) dispuso en noviembre dos paros nacionales (e históricos) que afectaron las programaciones en vivo de la TV abierta y las señales deportivas de la TV paga. Durante esas jornadas, además, se suspendieron las grabaciones en todas las productoras argentinas. En las últimas semanas, además, se anunciaron retiros voluntarios para los trabajadores de las señales Encuentro, PakaPaka y DeporTV, lo que acrecentó la incertidumbre que atraviesa el sector frente a los rumores de ajuste y la merma en el volumen de las producciones. También se anunció que el archivo histórico audiovisual de Radio y Televisión Argentina, con más de 80 mil documentos, dejó de estar on line y al alcance de cualquier ciudadano. A partir de ahora, confirmó el gobierno, los interesados en recibirlo deberán completar un formulario.

Cines de barrio

En lo que respecta a los cines de barrio en la Capital, hubo una pésima noticia: el cierre de Cine.ar Sala Arte Cinema, complejo ubicado en Constitución, único espacio dedicado al cine al sur de la Ciudad. Ofrecía proyecciones a 15 pesos, y a mitad de precio para jubilados, estudiantes y menores de edad, y funcionaba, por su ubicación, como un espacio de contención para la comunidad. Su cierre fue hace cuatro meses, cuando el Incaa dejó sin efecto el convenio con la productora dueña del espacio y, por tanto, suspendió el pago del alquiler y los sueldos. En una muy reciente reunión, Fernando Lima, vicepresidente del organismo, ofreció a los vecinos que luchan por la recuperación del espacio uno alternativo: el edificio donde funciona la Fundación Cinemateca Argentina, en Salta al 1900. “El lugar es óptimo, pero es una zona de muy difícil acceso”, opinó María Eugenia Fernández Andés. El tema debe ser discutido en asamblea.

Hubo, también, una buena noticia. Para quienes luchan por la recuperación del Cine Teatro Urquiza, 2017 fue tal vez el mejor año de los últimos cuatro, que incluyeron juntadas de firmas, abrazos simbólicos y hasta aprietes. A mediados del mes pasado, en el Tribunal Superior de Justicia porteño se celebró la segunda audiencia con el propósito de lograr un entendimiento entre los dueños del edificio y la comunidad. La firma propietaria tendrá que presentar un proyecto que atienda a los intereses de ambas partes. En marzo, se reunirán en torno al nuevo proyecto.

Un caso sobre el que no hay avances es el del cine El Plata, de Mataderos. Los vecinos, que comenzaron a juntar firmas en 2004, se encuentran en estado de alerta. Un fallo judicial determinó que la Ciudad debería convertirlo en centro cultural, pero en el presupuesto 2018 no se contempla la obra. En cambio, circuló la versión de que el espacio había sido ofrecido a productores del ámbito de la música tropical. En abril de 2015 abrieron dos salas, pero a fines del año pasado volvió a cerrar. Declarado de interés audiovisual por el Incaa en 2012, debe tener protección estructural. No obstante, según una nota de Tiempo Argentino, “en estos años sufrió más roturas que arreglos, y la tarea de refacción lleva meses paralizada”.

En La Paternal, bregan desde 2001 por la recuperación del Cine Taricco. Fue declarado de interés cultural por el gobierno porteño en 2004, y en 2005 la Legislatura aprobó una Ley de Expropiación que nunca se ejecutó. Los vecinos se juntan cada mes y algunos sábados organizan talleres y espectáculos. En tanto, en Lugano, quieren recuperar el cine El Progreso, que cerró en 2006. Ammiel Sancho, un joven que filmó un corto acerca de la historia del cine, contó que desde 2015 funciona allí una iglesia evangélica, que alquila el inmueble a sus dueños, una sociedad de fomento. Este cine había sido recuperado en 2001, en el marco de un programa porteño. En este momento, los vecinos están redactando una ley para la protección edilicia.

Hay otras luchas que siguen activas, como el caso del cine Aconcagua, de Devoto, sobre el cual Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno, vetó una Ley de Expropiación. Y la de los vecinos del C. C. 25 de Mayo, de Villa Urquiza. El espacio fue recuperado pero ellos reclaman mayor participación en su gestión.

Cultura y memoria

Fue otro año difícil para los pilares culturales que resguardan la memoria: el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), de las Madres de Plaza de Mayo, y el Centro Cultural Haroldo Conti; ambos ubicados en la ex Esma. Desde la asunción de Macri, el ECuNHi perdió todos los convenios con ministerios que financiaban sus actividades. Y también desde entonces, el plantel de 30 trabajadores no está cobrando. En este 2017, el espacio de las Madres reafirmó su etapa de resistencia cultural e ideológica, en la que confluyen trabajadores, artistas –que se presentan ad honorem– y el público. Un dato relevante es que las propuestas más importantes siguieron firmes, como los tres festivales para toda la familia, de música, teatro y literatura.

La situación del Conti es también muy compleja. Desde fines de 2016, los trabajadores vienen denunciando un vaciamiento del espacio, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. Advierten que el presupuesto está subejecutado y que diferentes carteras del Estado, como Cultura, han dejado de aportar fondos. Este año, el conflicto más resonante –ya resuelto– lo protagonizaron los artistas: a comienzos de octubre, se unieron en asamblea para reclamar a las autoridades por una deuda de un millón de pesos por sus presentaciones. Lo grave es que un espacio cultural del Estado se sostenía sobre la base de la precarización de los artistas.

En el ojo de la tormenta estuvo el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), cuyo edificio también está dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos. En noviembre, previamente al desarrollo de la 14° edición de la Noche de los Museos, un grupo de artistas denunció la censura de una exposición anunciada como parte del evento (y aprobada desde marzo). El conflicto se desató por una escultura de Jackie Simsolo y Adriana Albi, del Grupo TAS, que remitió a quienes la censuraron a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, según indicaron ellas. De la exposición participaban otras seis mujeres que, ante la decisión del ANM de excluir la obra titulada “Ausencias”, optaron por levantar la muestra.

Pero los tiempos de crisis tienen como correlato la intensidad de la lucha. Antes, en septiembre, diferentes actores confluyeron en la jornada “Arte Urgente” en la ex Esma. Artistas, investigadores e integrantes de organismos de derechos humanos impulsaron este acontecimiento que contó con la participación de más de 60 colectivos artísticos ligados a distintos movimientos. Desarrollaron intervenciones y luego, en una propuesta conjunta, denunciaron la desaparición de Maldonado. Estuvo presente su hermano Sergio y también se desarrolló una asamblea para pensar estrategias en respuesta a la coyuntura.

Clausuras de espacios culturales

Como había sucedido ya el año pasado, el fantasma de las clausuras recorrió la ciudad de Buenos Aires desde recién comenzado el 2017. Ni bien arrancó febrero la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que depende del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cerró Vuela el Pez, espacio de Palermo con todos los papeles en regla. La excusa fue que no tenía un patovica en la puerta de entrada, ya que el trabajador que controlaba el ingreso no estaba inscripto en el registro de seguridad privada. La segunda clausura fue un mes después, al Centro Cultural Quetzal, y esta vez fue porque había gente bailando. Aun cuando en la Ley de Centro Culturales se especifica que es una actividad permitida, los inspectores cerraron sus puertas poniendo en riesgo más de una situación laboral. Las que siguieron durante el año fueron en esa misma línea: la AGC buscó sin cesar motivos para clausurar espacios, aun cuando tenían todo en regla. Dos ejemplos paradigmáticos fueron el cierre momentáneo del Teatro Mandril y el del Movimiento Afrocultural. Al primero la AGC le exigió una evaluación positiva que da Defensa Civil sobre el plan de evacuación. Si bien la cooperativa que gestiona el espacio explicó que ese papel ya lo habían entregado hacía ocho años, los oficiales insistieron en que la oficina que se las había dado no podía expedir esta disposición. Al segundo espacio lo cerraron porque efectivamente estaba en falta en algunas cosas, pero, paradójicamente, dependía del gobierno porteño. Según la propia AGC, entre 2015, 2016 y 2017 hubo 386 clausuras.

Trabajadores de la música

Los trabajadores de la música tampoco la pasaron bien. Entre los conflictos desatados en esta materia, dos se caracterizaron por su relevancia y por la magnitud de su reclamo, que se hizo oír pese a los intentos de los funcionarios por silenciarlos. El primero tuvo como protagonista a la Orquesta Sinfónica Nacional, la más importante y de sueldos más bajos de la Argentina, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. En todo el año, el conjunto prácticamente no salió de Buenos Aires, desatendiendo así a una de sus funciones principales. Por eso, en cada concierto en el CCK, sus músicos se manifestaron frente a su público, haciéndole saber la dramática situación, que incluye problemas en la cobertura de cargos de su planta estable –no se hacen concursos– y atraso en el pago de sueldos a los contratados. Hace unas semanas, las autoridades decidieron que desde principios de diciembre la orquesta quede sin tocar, por falta de presupuesto. Para el año que empieza no hay todavía una programación anunciada.

El otro conflicto involucra a la emblemática Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, la más importante de la provincia, que también vive una acuciante realidad: hace un año y medio que los músicos no tocan ni cobran. Según contó este diario hace dos meses, luego de reuniones entre músicos y autoridades platenses, el secretario de Cultura y Educación de la capital bonaerense, Gustavo Silva, confirmó que la orquesta “no es prioridad del gobierno municipal ni será tenida en cuenta en un futuro”. Frente a esa situación, la orquesta, compuesta por veintitrés músicos, un director y un secretario técnico, realizó varios conciertos frente al palacio municipal a modo de protesta. El pasado 28 de noviembre, finalmente, el intendente Julio Garro (Cambiemos) los recibió y prometió mejoras. Habrá que ver qué sucede en 2018.

Ley de Danza

En octubre, ocurrió un hito en la provincia de Misiones: la Legislatura sancionó la primera ley de danza en la historia cultural del país. Con la propuesta de generar una política de fomento para la producción, formación, investigación y divulgación, la norma establece la creación de un instituto provincial como ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Cultura, con un presupuesto propio, que debe encargarse de llevar a lo más alto las expresiones artísticas de la provincia.

Más allá de esta buena noticia, el Estado Nacional tiene una deuda inmensa con la disciplina, desprotegida y expuesta a un vacío legal. Hace ya una década, bailarines, coreógrafos y maestros luchan por una ley nacional para el fomento y la promoción, que propone, entre otras cosas, la creación de un instituto análogo a los que ya existen para el cine y el teatro. Un proyecto fue presentado en tres oportunidades en el Congreso y nunca fue tratado por falta de voluntad política. En tanto, la Ley de Danza de la provincia de Buenos Aires también pareciera estar estancada: obtuvo media sanción del Senado en mayo, y faltando el visto bueno de Diputados, nada más se supo acerca de ella.

Instituciones educativas

El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, institución casi centenaria que alberga a más de 3 mil alumnos, fundamental en la enseñanza musical del país, atraviesa “una de las peores crisis de su historia”, según denunciaron sus docentes. Son varios los motivos. El principal es que funciona en instalaciones cedidas por el Conservatorio Astor Piazzolla y en otros cinco espacios; por eso, alumnos y profesores, acompañados por figuras de la cultura, reclamaron durante todo 2017 por un edificio propio (en rigor, nunca lo tuvo). Especialmente a fines de junio, con un festival en las puertas del Ministerio de Cultura porteño. El gobierno hace oídos sordos a este pedido. Además, prometió que en septiembre volvería a abrir el tercer piso del edificio de la calle Gallo, cerrado por reformas, cosa que no sucedió.

Otro asunto preocupante es el incumplimiento, por parte del gobierno porteño y de la Dirección General de Enseñanza Artística, de la Beca Familia Podestá, que deberían recibir los mejores promedios de las diferentes carreras de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). En el acto de apertura del Teatro San Martín, al igual que el día del estreno de la primera obra, un grupo de estudiantes y egresados denunció esto. La beca otorga a los artistas trabajo en alguna obra del San Martín. Hay catorce graduados que nunca la vieron efectivizada. Otro reclamo de los alumnos de la EMAD estuvo vinculado a la Sala Alberdi del C. C. San Martín, que antes de su cierre servía para ellos como sede de exposición de trabajos, ensayos y muestras, función que no tiene desde su reapertura.

También está en crisis el abordaje oficial de la música como herramienta inclusiva. Desde fines de abril de 2016, cuando fue despedido Claudio Espector, coordinador de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, este programa del Ministerio de Educación quedó profundamente golpeado. Acercaba la educación musical gratuita a 20 mil chicos de barrios vulnerables de todo el país, agrupados en 161 coros y 140 orquestas. Fue descentralizado, es decir, transferido a las provincias. Se suspendieron actividades, giras, presentaciones; se cayeron contratos de los maestros, se redujo la cantidad de instrumentos disponibles. “Su continuidad para 2018 está en riesgo”, señala a este diario Valeria Rozengardt, referente del colectivo que agrupa a los maestros. Y agrega, refiriéndose ante todo a la provincia de Buenos Aires: “Este año hubo un montón de recortes. Nos deben entre 3 y 6 meses. Y tampoco tenemos novedades acerca de la renovación de contratos”.

Por otra parte, hay temores de que el programa social Andrés Chazarreta, de orquestas y ensambles infantiles y juveniles, que se sostuvo por doce años en distintos puntos del país con fuerte impacto social, corra la misma suerte. Hace pocos días el Ministerio de Cultura despidió sin causa a su creador y coordinador, Eduardo Tacconi. “Es un gesto disciplinador hacia el resto del equipo y hacia los contenidos”, aseguró, defendido por todos los directores y profesores. Este programa se detiene especialmente en repertorio e instrumentos latinoamericanos. Por eso, es por lo menos llamativo que la cartera que conduce Avelluto haya colocado en el lugar de Tacconi a una madrileña.

Fuente: Página 12

 

 

 

Sin comentarios en “El año en que la crisis de la cultura se volvió estructural”

Deja tu comentario