La grieta Bonadío
La decisión del juez federal Claudio Bonadío de encarcelar a dirigentes kirchneristas y de pedir desafuero y prisión preventiva para la propia Cristina, a menos de un mes de jubilarse, sigue generando adhesiones y profundos rechazos dentro del espectro político.
Hoy, a través de un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria salió a alertar por la “persecución política” que llevaría a cabo el magistrado. “La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresa su preocupación por este accionar y exige, a los tres poderes del Estado, el pleno respeto de la Constitución Nacional”, expresó.
“El juez Bonadio apela a una figura jurídica escandalosa como traición a la patria, prefigurando que nuestro país está en guerra con otro Estado y que efectivamente ya ha sido plenamente resuelta la responsabilidad por los atentados de AMIA y la embajada de Israel, cuando en realidad es la propia justicia la que aún no ha avanzado en su esclarecimiento”, añadió.
La CPM objetó el uso de la prisión preventiva para la “persecución política” y aseguró que “perseguir penalmente una decisión política, aprobada incluso por el congreso nacional, desnaturaliza el sentido de la pena y atenta contra la constitución nacional y leyes”.
Del otro lado de la vereda se ubicó la diputada nacional Graciela Ocaña, para quien las decisiones de Bonadío se tomaron “en base a la enorme cantidad de pruebas”. Según Ocaña, “todas estas causas se iniciaron durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero sus presiones impidieron que avancen» y ejemplificó «como pasó con la denuncia de Nisman, que se archivó in limine».
Ocaña dijo además que «en la actualidad los jueces actúan en forma independiente del Poder Ejecutivo. La que está actuando es la Justicia, no la política y Bonadío la hace en base la cantidad de pruebas que reunió» y añadió que en el caso de Nisman «ningún fiscal acusa a un Presidente si no tiene las pruebas suficientes».
Fuente: Infocielo