El gobierno español confirmó que iniciará la intervención de Cataluña
El gobierno de Mariano Rajoy anunció que seguirá adelante «para restaurar la legalidad» en Cataluña, no dando por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a su requerimiento de si declaró o no la independencia.
Este jueves vencía el plazo definitivo para que Puigdemont aclarara si declaró la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán que acaparó la atención mundial.
En su respuesta, Puigdemont afirmó que «si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10».
Rajoy no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para avanzar en los trámites para intervenir en la administración catalana.
El gobierno de España ha constatado «la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento» y en consecuencia «continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña».
Ese artículo permite al gobierno central ejercer las competencias de una autonomía en caso de que esta incumpla la ley.
«El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico» causados por el desafío independentista, según el comunicado.
No hay de momento respuesta del gobierno catalán al anuncio de Madrid, pero diputados de la coalición Junts pel Sí, del presidente Puigdemont, y de la CUP, que conforman el frente independentista en el Parlamento catalán, estaban reunidos para decidir los próximos pasos en esta crisis.
El artículo 155 dice que el gobierno central «podrá adoptar las medidas necesarias» para forzar a una comunidad autónoma «al cumplimiento forzoso» de sus obligaciones. Requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, un trámite que podría alargarse varios días.
La mayoría independentista del Parlamento catalán se comprometió a proclamar la secesión si ésta se imponía en el referendo del 1 de octubre, declarado inconstitucional. Así fue, con 90% de los votos a favor pero una participación inferior a la mitad del censo. Rajoy viajará este jueves a Bruselas para participar en una cumbre europea, y la primera reunión del conjunto del gobierno no será hasta el sábado.
En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo, un guante lanzado e ignorado por el gobierno central, que insiste en que la declaración rompería la legalidad española.
«No se puede dialogar con quienes están fuera de la ley y de la Constitución«, dijo el jefe del gobierno español en el Congreso el miércoles.
El 155 podría dar lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control de su policía, los «Mossos d’Esquadra».
Pero eso también podría generar fuertes movilizaciones -que empezarán este mismo jueves por la tarde- y una inestabilidad creciente en la región, muy dañina para la economía.
La comunidad de Cataluña, una de las más ricas y pobladas de España, es junto a País Vasco, Galicia y Andalucía una de las cuatro consideradas «históricas»: las que habían iniciado un proceso para contar con una norma que regulara la región antes de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Ese alto nivel de autonomía fue reconocido en la Constitución española de 1978 (respaldada por más de un 90 por ciento en Cataluña), que por ejemplo dotó a la región de una Policía propia, los Mossos d’Esquadra. La lengua catalana, prohibida durante el franquismo, fue reconocida como lengua cooficial con el español.
Aunque está integrada en España desde el siglo XVI, la turística región con capital en Barcelona y patria de artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Gaudí o Joan Manuel Serrat cultivó siempre sentimientos nacionalistas alimentados por su identidad lingüística e histórica y sus tradiciones culturales.
Pero fueron sobre todo dos factores los que dispararon el movimiento independentista los últimos años: el impacto de la crisis que sacudió España desde 2009 y la decisión del Tribunal Constitucional español de anular en 2010 algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.
Partidos independentistas culparon de la crisis a Madrid y explotaron el fallo como una humillación a Cataluña, al tiempo que se organizaban manifestaciones masivas en reclamo del derecho a decidir y el Gobierno catalán daba pasos hacia un referéndum secesionista.
Una consulta convocada en 2014 y declarada ilegal por la Justicia española motivó un juicio al entonces presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, inhabilitado en marzo por dos años. Cerca de dos de los 7,5 millones de catalanes acudieron entonces a las urnas y votaron en un 80 por ciento a favor de una Cataluña independiente.
El Gobierno regional actual liderado por Carles Puigdemont organizó el 1 de octubre un nuevo referendo, celebrado pese a que también fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Un 90 por ciento de los 2,2 millones de votantes apoyaron la ruptura con España, en parte porque los detractores veían ilegal la consulta y la boicotearon.
Fuente. ambito financiero