Macri fantasea con una «mesa de ganadores» para negociar reformas después del 22
La foto de familia que el presidente Mauricio Macri se sacará con los 24 gobernadores el viernes 27 de octubre, apenas unos días después de las elecciones legislativas del próximo domingo, será parecida a la invitación que les formuló el 12 de diciembre de 2015, dos días después de llegar al poder. Sin embargo, admiten en la Casa Rosada, no será igual: en la próxima estarán todos, como ocurrió hace dos años en la Residencia de Olivos, aunque ahora el Ejecutivo se prepara para desarrollar mesas de negociación con los mandatarios que hayan salido fortalecidos de la contienda electoral que concluirá en diez días. Ese núcleo, según confió un funcionario del oficialismo, incluirá a las administraciones que responden a Cambiemos y también a los mandatarios del peronismo que no hayan resultado debilitados por las urnas. Una mesa de ganadores.
Es el caso del vínculo tibiamente interdicto con el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, que transita la última etapa de la campaña sin pelearse con el oficialismo, aunque viene de ser uno de los mandatarios más espinosos en la disputa con la provincia de Buenos Aires por los fondos federales, disputa que escaló hasta la Corte Suprema por los 50 mil millones de pesos anuales del Fondo del Conurbano. El desenlace de la pelea por esa billetera es clave para Cambiemos en tierra bonaerense, pero también dramática para algunas provincias, que buscarán poner el tema como uno de los principales asuntos por resolver en la reunión del primer viernes después de los comicios.
La lista de interlocutores, por ahora, aparece incompleta en los escritorios de Balcarce 50, pero ya tiene algunos números puestos, como el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, el salteño Juan Manuel Urtubey y los jefes provinciales del norte que, posiblemente, salgan sin daños de las legislativas nacionales, como el chaqueño Domingo Peppo, el misionero Hugo Passalacqua, el formoseño Gildo Insfrán y el tucumano Juan Manzur.
Debajo de esa línea de preferencias aparecen los mandatarios que cargan pronósticos delicados como Miguel Lifschitz (Santa Fe), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mario Das Neves (Chubut), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Carlos Verna (La Pampa). Frente a ese pelotón de mandatarios débiles, en el Gobierno cuentan con recuperar a Das Neves y Verna, pero capitalizar la creciente debilidad de Kirchner en Santa Cruz, donde Cambiemos dice que obtendrá una cifra cercana a los 50 puntos, una puerta simbólica en términos políticos para intentar en 2019 la conquista de una provincia patagónica clave.
En el caso de San Luis, los resultados positivos que aguarda Cambiemos están acotados a dos bandas. En el oeste por el cacicazgo radical del mendocino Alfredo Cornejo y en el este, por la necesidad de preservar a Schiaretti al menos por los próximos dos años, sin un candidato fuerte del PRO que por ahora pueda disputarle la provincia mediterránea. Un escenario muy distinto al santafesino, donde el socialismo del gobernador Lifschitz podría quedar muy debilitado en caso de que se repita el duelo «cabeza a cabeza» de las PASO entre macristas y peronistas y sus candidatos queden terceros detrás de la disputa entre Albor Cantard (Cambiemos) y Agustín «Chivo» Rossi (Frente Justicialista), que ya propuso al senador Omar Perotti como candidato para 2019.
Cuando haya concluído el escrutinio del 22 y quede definido el mapa post electoral, el giro de acercamiento con el peronismo puede catalizar al posible desgranamiento del Frente Renovador de Sergio Massa y a un sector que encabeza Florencio Randazzo. Ambos cada vez tienen menos peso ante los gobernadores, pero mantienen cierta preeminencia a nivel municipal, especialmente en tierra bonaerense.
“Esperamos superar el 40% de los votos a nivel nacional y en la provincia prevemos una victoria de cuatro o cinco puntos”, pronosticó con cautela un vocero de la Casa Rosada que puntea la geografía nacional, mapa en mano, con dos líneas de tiempo: la primera es corta y se concentra en la “rosca” que prepara el Ejecutivo para llevar adelante una batería de reformas fiscales, previsionales y laborales para los próximos dos años. La segunda tiene dos años de duración y está concentrada en las elecciones de 2019, donde Cambiemos impulsará la reelección presidencial de Macri y un segundo mandato en las gestiones de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La dimensión de la “ola amarilla” en las legislativas no ofrece la misma tonalidad para el 2019. En la hoja de ruta general, que unifica los plazos más inmediatos con la perspectiva de ambiciones que se extiende hasta el final del primer mandato de Macri, aparece una definición con peso de directiva: “Hay que garantizar la gobernabilidad con mandatarios fuertes, sean de Cambiemos o no”, sostienen cerca del Presidente, para deslizar que los armadores del Gobierno buscarán acercamientos con caciques provinciales peronistas del centro y norte provincial, a participar de las PASO del oficialismo. Un objetivo que ahora suena imposible y piantavotos en la cuenta regresiva para las elecciones del domingo que viene, pero que comenzará a aplicarse cuando Macri se haya reunido con los “gobernas”.
La próxima postal “para la gobernabilidad” con los caciques provinciales se realizará el viernes 27 en Olivos. Los funcionarios consultados aseguran que será una vuelta de página luego de las elecciones. El giro impactará directamente en el Congreso en el plazo inmediato. “Vamos a impulsar sesiones extraordinarias para diciembre, pero también para enero y febrero. Nuestro límite es abril, cuando comience el año de gestión y el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso”, pronosticó otra fuente de la Casa Rosada, que reporta al ministro del Interior Rogelio Frigerio.
Las encuestas y estimaciones que manejan cerca del Presidente arrojan la composición de un Congreso distinto a partir del 10 de diciembre. “Si se confirman los pronósticos, el kirchnerismo estará más acotado en las dos cámaras y tendremos otro panorama para construir acuerdos. Pero el Presupuesto 2018 lo queremos sancionar con este Congreso, no con el próximo”, atajó la fuente oficial consultada sobre los rumores que retumbaron en el primer piso de la Casa de Gobierno respecto de un posible plan para dotar al Ejecutivo de un plan de cuentas nacionales con muchos más ajustes que los planteados en el borrador presentado en septiembre, tal como establece la ley.
La hipótesis también circuló dentro del Congreso al calor del escepticismo de algunos gobernadores ante los primeros números anticipados por Hacienda. En rigor, la etapa de testeo comenzará luego del resultado en las elecciones del próximo 22 y continuará con la foto de familia del 27. “Si no tenemos que someter el Presupuesto a grandes modificaciones, vamos como estamos, pero si se complica todo, no descartamos nada”, arriesgó un escudero oficial que integra el elenco de funcionarios que exudan optimismo y, a veces, vehemencia ante la presunta mejoría de las estimaciones electorales que manejan.
La discusión por el Presupuesto y el posible dilema de sancionarlo antes o después del 10 de diciembre es el plato de entrada de la agenda que diagrama Macri en su entorno. El plato fuerte se pudo escuchar en el 53° coloquio de IDEA en el Hotel Sheraton de Mar del Plata y tiene que ver con el impulso de un plan para flexibilizar los convenios colectivos y la legislación laboral vigente. La precarización que los principales empresarios y sindicalistas que asistieron al evento caracterizaron como “inexorable”, forma parte de la intimidad del poder desde el año pasado.
El dilema no tiene que ver con su aplicación, sino con la forma para hacerlo. Los interlocutores peronistas de Cambiemos (muchos de ellos sindicalistas o mandatarios provinciales) le sugieren al jefe del Estado la firma de un Gran Acuerdo Nacional (GAN) para definir las reglas de juego de la gobernabilidad para los próximos años, más allá del 2019. Una paradoja de la historia argentina, porque la recomendación de esos hombres del PJ remonta al pacto que intentó cerrar el dictador Alejandro Lanusse con Juan Domingo Perón en el exilio, para conseguir una transición a la democracia sin costos políticos a cambio del regreso del ex presidente. Perón volvió brevemente en noviembre de 1972 y luego regresó para quedarse en junio de 1973, cuando Héctor Cámpora ya había ganado las elecciones convocadas por un débil Lanusse. El fundador del peronismo fue electo Presidente en septiembre del mismo año. Curiosamente, en el coloquio de IDEA Macri se refirió a lo que vendría inmediatamente después. «Me llevo bien con el último Perón, que no le dio el tiempo, venía con una visión distinta, más aperturista, integradora. Hablaba de resolver las diferencias de la grieta de esa época. Pero no pudo y el final fue el peor», dijo este viernes el mandatario ante el auditorio de empresarios, donde el peronismo no perdió su centralidad, pero en la sintonía de Cambiemos, concentrada en purgar al PJ de kirchnerismo después de las elecciones del próximo domingo.
El apelativo al tercer Perón fue un guiño al cegetismo que lo reivindica y al peronismo que lo enarbola, especialmente para diferenciarse y antagonizar con las vertientes de la izquierda del justicialismo, agrupadas en el kirchnerismo. Ese arco político es un objetivo clave para la hoja de ruta presidencial, aunque resta saber cuál será la posición de la UCR, segundo socio de la alianza Cambiemos.
El encargado de enunciarlo sobre los tablones del escenario de IDEA fue el jefe del PJ, Miguel Pichetto, y hábil interlocutor de las provincias con el oficialismo. Algunos cercanos sostienen que dialoga cotidianamente con el Presidente, pero sin desautorizar al titular de la Cámara Baja Emilio Monzó, la otra figura de Cambiemos que participó de la foto inicial con los gobernadores, que posiblemente esté en la próxima, pero con menos poder que entonces.
Para Pichetto, según reflejó Letra P desde el coloquio, Macri «tendría que convocar a la unidad del país, salir de la grieta, plantear alguna línea más ligada a lo espiritual, de la reconciliación definitiva de la Argentina sin que esto signifique impunidad. Y también a la convocatoria de un diálogo social con los trabajadores, con las otras fuerzas políticas. Porque solos no van a poder. Aunque tengan un resultado importante en el marco electoral en esta elección, el proceso de conformación de las cámaras no se va a modificar sustancialmente y requieren y necesitan diálogo para avanzar en las leyes», sentenció.
Es el mismo concepto que repiten algunos gobernadores peronistas en privado, que también buscan diferenciarse de su anterior maridaje con el kirchnerismo, como lo hizo Pichetto en Mar del Plata: «Cristina es centroizquierda, el peronismo es el centro nacional, por ahí pasa el debate. La discusión en el peronismo debe pasar por los gobernadores de provincia, con el movimiento obrero y una visión de aporte democrático para ser alternativa. Salir de la lógica de pensar que cuanto peor mejor. No hay que hacerle mal al otro para ser alternativa». Música en los oídos para la alianza oficialista, que transita entre la sobreexplotación del antagonismo político con el kirchnerismo y la búsqueda de un peronismo que le permita acordonarlo después de octubre.
En el entorno presidencial sostienen que la agenda de grandes acuerdos, en clave de «mesas de diálogo», no tuvieron éxito en estos dos primeros años de gestión y apuestan a “mesas sectoriales” sobre determinados temas, que “no serán con todos los gobernadores, ni con todos los sindicatos, ni con todas las cámaras empresariales”, advirtieron, sino con aquellos interlocutores “fuertes” que luego de los comicios tengan la legitimidad suficiente como para cumplir lo que firmen.
Con la escenografía de un gran pacto, o la compartimentación de pequeñas troikas sectorizadas, los principales ejes deberán pasar por el Congreso. Por eso la trastienda de la reunión prevista para el 27 de octubre implicará, además de la controversia por la coparticipación, el apoyo para habilitar sesiones extraordinarias que serán convocadas por el Ejecutivo, con el fin de tratar proyectos de ley de Responsabilidad Fiscal, Impuesto al Cheque y una reforma tributaria, además de una persuasión menos diplomática para que los caciques provinciales adhieran a la nueva ley de riesgos del trabajo, un punto que encierra una parte clave de la arquitectura que diseñó el ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Triaca, para intervenir en una de “las zonas críticas de los costos laborales”.
Una de ellas está sostenida por el «nivel de litigiosidad por accidentes del trabajo» y al «stock de juicios y sentencias» que forman parte de la romería de quejas y del lobby que ejercen las cámaras patronales sobre Cambiemos, para que cumplan con las promesas de una campaña que financiaron activamente desde mucho antes de 2015.
Una parte de esa agenda de reformas resonó en Mar del Plata, con una parte de la CGT en el mismo auditorio, a través de dirigentes sindicales como Antonio Caló (UOM), Andrés Rodriguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y Juan Carlos Schmid, miembro del triunvirato unificado y de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Al parecer, para esos empresarios, después del domingo próximo, llegará el momento de la acción, con una batería de reformas que no se tomará vacaciones. Quizás por eso, desde el coloquio de IDEA, algunos funcionarios muy entusiasmados se animaron a decir que en esa reunión del establishment se estaba «diseñando la Argentina de los próximos años».
Fuente: Letra P