Macri le paga a Carrió con un mega organismo de transparencia
Su desembarco en la Casa Rosada está previsto para después del 10 de diciembre, sin embargo a Fernando Sánchez, diputado nacional de la Coalición Cívica, ya se lo puede ver seguido en los pasillos de Balcarce 50. El dirigente del socio menor de la alianza Cambiemos, es uno de los colaboradores más directos de Elisa Carrió, la principal beneficiaria del resultado que obtuvo en las urnas de la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO, con ella a la cabeza, trepanó su propio techo electoral y se acercó al 50% de los sufragios. Tal cosecha le aseguró al presidente Mauricio Macri un triunfo histórico en el distrito originario del PRO, el mismo que estuvieron a poco de perder en las ejecutivas de 2015, bajo la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno.
La primera retribución de esos dividendos será endosado a favor de Sánchez, que será designado como funcionario del Gobierno, posiblemente bajo la órbita del jefe de Gabinete Marcos Peña, entre el organigrama que dominan los secretarios Mario Quintana, Gustavo Lopetegui. Paula Bertol y Jorge Grecco. Su misión, según confió una fuente muy cercana a Sánchez, será coordinar un área dedicada a «integridad pública», que buscará jerarquizar las funciones «anticorrupción» y englobar el control de las fallas del Estado en materia de latrocinio público, conflictos de interés, declaraciones juradas, contrataciones y licitaciones.
Algunas de esas tareas pasan por la órbita de la Oficina Anticorrupción, que tiene rango de secretaría dentro del Ministerio de Justicia y depende de Laura Alonso. La ex diputada del PRO, de estrecha relación con Carrió y Sánchez, padece dos años de desgaste público a partir de la cantidad de escándalos protagonizados por el Gobierno por conflictos de interés, como en el caso de Correo Argentino. En esa misma línea de fuego está la Procuración del Tesoro, que tiene rango de ministerio y depende del Presidente. Ese organismo «desconcentrado», tiene en sus manos la conducción de todos los abogados defensores del Estado y desde mayo está a cargo del abogado Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio privado tiene al grupo Macri, de la familia del Presidente, entre sus clientes.
El letrado reemplazó a Carlos Balbín, que resistió hasta entonces las presiones de Macri para evitar un dictamen desfavorable sobre el escándalo que desató la negociación de la deuda que mantenía el Grupo Macri con el fisco por la fallida privatización del Correo. La eyección de Balbín sucedió luego de un duro tironeo entre Macri y Carrió, que respaldó al ex camarista porteño hasta que perdió la pulseada y entregó su cabeza. Ahora, como si fuera un nuevo enroque, la Procuración tendría a Sánchez como un observador lateral, siempre bajo la conducción de Peña.
Otro organismo de control que tendría vínculo con «la futura área de integridad pública», sería la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que hace dos días está en manos de Alberto Gowland, egresado del Colegio Newman como el Presidente y ex vicepresidente de la empresa estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Por decisión de Peña, hace dos días tuvo que dejar el cargo de subsecretario de Gestión Económico Financiera y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación porteño y reemplazar a Ignacio Rial, que fue degradado a segundo lugar.
«La Sindicatura es muy importante porque controla todos los procesos internos del Estado y casi no existe, hay que repotenciar su papel, pero desde una coordinación donde no hace falta mandar nuevas leyes al Congreso, sino aprovechar las que ya están en vigencia y actualizar algunas, como la Ley de Ética Pública, hasta que podamos diseñar un sistema de integridad pública que requiera un nuevo estatuto legal», anticipó una fuente de Cambiemos al respecto del alcance que tendría esa futura oficina anticorrupción, que reportaría directamente a Sánchez, y por su intermedio a Carrió, aunque su superior orgánico inmediato sería Peña, que no goza del mayor de los afectos por parte de «Lilita».
Entre sus funciones, Sánchez también tendría una interlocución directa con la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y con la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Mariano Federici, tan cuestionado como Alonso por el desempeño vidrioso que tuvieron en el escándalo del Correo y en las decenas de conflictos de intereses que tienen distintos funcionarios públicos del Ejecutivo, incluido el Presidente, con sus negocios privados. La UIF fue acusada por la oposición de no investigar más los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaban las entidades financieras al Banco Central y es el representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de la investigación e intercambio de información sobre las distintas formas de lavado de dinero.
En el mapa de oficinas de control sin coordinación, hay áreas dentro de la AFIP, en materia fiscal y aduanera, pero también en otros ministerios, aunque uno de los focos de atención estaría en temas vinculados a licitaciones del Estado, que coordina el ministerio de Modernización, Andrés Ibarra. En obras públicas, el grueso de operaciones es ejecutado por las carteras de Interior, que encabeza Rogelio Frigerio, y de Transporte, en manos de Guillermo Dietrich.
La jerarquización de un organismo que englobe esas oficinas dispersas y las reuna para la «integridad pública» también es un punto pendiente de la administración de Macri para que el país forme parte del grupo de naciones que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante las consultas, los voceros de la Coalición Cívica y del propio Sánchez confirmaron que el diputado tendrá esas funciones, pero no quisieron aportar más detalles, porque «no está bien definido». «Eso es lo poco que sabemos», contestaron. A fines de junio, Peña se encargó de anunciar el ingreso desde su cuenta de Twitter. «Muy contento de que Fernando Sánchez se sume al equipo de la Jefatura de Gabinete», tecleó.
Fuente: Letra P