“Alarma” en la ONU por la situación de presos en comisarías bonaerenses
En los últimos días, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó una visita oficial en el país para realizar un diagnóstico de la situación carcelaria. En un extenso informe, se hizo foco en el panorama que se registra en el ámbito bonaerense, al manifestarse que la comitiva “ve con alarma que las comisarías albergan detenidos durante períodos prolongados”. Y, aunque se constató la naturaleza generalizada de este fenómeno en las jurisdicciones relevadas, esto sucede “particularmente en la provincia de Buenos Aires” en donde” la gran mayoría de los detenidos alojados en comisarías se encontraban en la instancia previa al juicio”.
En este sentido, al cuestionar el “uso excesivo de la prisión preventiva en todo el país y de la falta de espacio en los centros de detención”, el GTDA remarcó que los plazos de dicha privación de la libertad “oscilaban entre los tres días y los cinco meses y se cumplían en condiciones inaceptables”.
Vale señalar que este relevamiento surge tras la presentación de un informe “muy crítico” por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas a raíz del colapso del sistema penitenciario bonaerense.
Asimismo, se alertó que “las personas que se encuentran bajo la custodia policial reciben escasa información sobre los motivos de su detención y sus derechos” y que “la mayoría de los detenidos manifestó dificultades en la obtención efectiva de asistencia letrada”, mientras que “los oficiales de policía se encuentran superados por las tareas de cuidado de detenidos a largo plazo”.
“Alojar a quienes tienen dictada una prisión preventiva en centros totalmente inadecuados, tales como comisarías en condiciones inaceptables, constituye un serio impedimento para la posibilidad de los detenidos de preparar su defensa. El GTDA insta a las autoridades correspondientes a que cese el encierro de personas en prisión preventiva en instalaciones inadecuadas para tal fin”, subrayaron.
También, al Grupo de Trabajo le resultó “alarmante” recibir manifestaciones sobre “el supuesto uso de celdas de aislamiento o castigo en algunos establecimientos carcelarios; procedimiento que no había sido precedido del correspondiente proceso de revisión”.
Durante una de las visitas in situ realizadas, el GTDA encontró “una celda pequeña, sin ventanas y barrotes en la puerta. La administración de la institución explicó que no se trataba de un calabozo de castigo y que el alojamiento de internos allí se torna a veces necesario en momentos en que se producen disturbios entre la población detenida a fin de garantizar la protección de los internos”.
No obstante, se señaló: “Los testimonios recibidos por el Grupo de Trabajo dan cuenta de que la colocación de prisioneros en dicho calabozo se lleva a cabo habitualmente en medio de la noche, luego de que una gran cantidad de guardias vestidos con uniforme de protección irrumpen en la celda del interno, los arrastran fuera de su cama, en ocasiones desnudo, utilizando un grado considerable de fuerza física y sin darles la posibilidad de cumplir las órdenes; llevan al detenido “culpable” al calabozo en donde a menudo se le inyecta un sedante que los hace dormir”. Ante eso, se exigió: “El Grupo de Trabajo insiste en que esta práctica debe cesar de inmediato”.
PRISIÓN PREVENTIVA. Por otro lado, la comitiva de la ONU tomó conocimiento de que en la provincia de Buenos Aires pueden aplicarse las alternativas a la prisión preventiva “solamente en tres instancias desde que se reformara el Código Procesal Penal, Ley 11.922: para personas mayores de 70 años, para mujeres embarazadas y que estén amamantando, y aquellas con niños a cargo, y para personas con problemas serios de salud”.
En vista de la limitación en la posibilidad de su aplicación, consideraron que “dichas medidas no privativas de la libertad resultan ineficaces. Más aún, mientras la ley les permite discrecionalidad a los jueces para otorgar alternativas a la detención en otros casos excepcionales, dicha discreción es muy acotada y rara vez se utiliza en la práctica”.
“Durante la visita a algunas comisarías, muchas detenidas con prisión preventiva tenían niños menores de cinco años. Este hecho no afectaba su prisión preventiva y a varias se les había informado que únicamente podrían beneficiarse de las pulseras/tobilleras electrónicas si afrontaban el costo de los dispositivos”, puntualizaron.
Fuente: Letra P