CULTURA

Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina

Una investigación que pone de relieve lo que se oculta detrás del mentado “cambio” con el que busca identificarse el macrismo. Linajes beneficiarios de la Campaña al Desierto, participantes de dictaduras y gobiernos conservadores, y con doble estándar a la hora de hablar de temas como corrupción o, en este caso, de cambio climático.

Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina

lucha contra el cambio climático es un ítem infaltable en los discursos de Mauricio Macri. “Tenemos la obligación de reducir nuestro impacto en el cambio climático, cosa que muchos argentinos sufren en primera persona, con inundaciones y sequías”, reiteró en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias el 1° de marzo pasado. Algunos pasos de marketing del Gobierno apuntaron en esa dirección como el anuncio que Macri pondría en Olivos un termotanque a energía solar o la inauguración que hizo Juliana Awada de una huerta orgánica al estilo Michelle Obama. Alguien debería informarle al Presidente que una de las principales causas de cambio climático en el país es el desmonte de bosques nativos para el cultivo intensivo. Si sumamos las hectáreas que tienen el Presidente, sus amigos y familiares, ya llevan desmontados una superficie equivalente a una Ciudad de Buenos Aires sólo en la provincia de Salta.

De la operatoria forman parte algunos de sus ex compañeros del colegio Cardenal Newman. Macri cumplió el sueño de los brothers de que un ex alumno llegara a la Presidencia de la Nación. El trabajo en equipo, el compañerismo y la lealtad, comentó, eran los valores que ellos le habían transmitido. Aunque sus métodos, a juzgar por los dichos del Presidente, no fueran dignos de imitar: “la regla, la piña, la patada”. Ese rigor de la vieja ortodoxia católica, contó, fue lo que ayudó a forjar los lazos con sus compañeros. Con algunos mantuvo la amistad durante toda su vida, hicieron negocios juntos y hoy lo acompañan en la gestión gestión, ya sea como funcionarios o como consejeros. Pablo Clusellas, José Torello y Nicolás Caputo, son los principales, sus inseparables.

Pablo Clusellas

“No te pongas tan cerca. Toda la vida te digo que no te pongas cerca y te me ponés tan cerca”, bromeó el presidente Mauricio Macri antes de tomarle juramento como su secretario de Legal y Técnica de la Nación a Pablo Clusellas, su amigo desde los 6 años. De bajo perfil y cara de bonachón, Macri lo tiene entre sus preferidos. A Clusellas se lo veía intimidado ante el brillo de la ceremonia en el Museo del Bicentenario y, de manera instintiva, buscó acercarse a su amigo para quitarse protagonismo. La broma de Macri lo dejó al descubierto. La cercanía de Macri y Clusellas es clave para entender su relación. Allí donde está Macri, allí va Clusellas como su estratega legal. Para dato ilustrativo vale recordar que ambos son los más encumbrados integrantes del gobierno que aparecen mencionados en los Panama Papers.

Clusellas viene de una familia de abogados. Su abuelo fue Rodolfo J. Clusellas, quien describió la historia de su familia en un libro “La ciudad de Rosario”, y que dedicó a su nieto “Pablo Clusellas, que tanto me recuerda mis años infantiles”. Allí cuenta que el abuelo del abuelo, Juan Clusellas, formó parte de la Asamblea Constituyente de Santa Fe que se reunió en 1853. El hijo de éste, José Ramón Clusellas, se dedicó al comercio en Concordia, Entre Ríos, donde conoció a su mujer. La familia recaló años después en Buenos Aires para abrir una sucursal de su tienda.

El abuelo Rodolfo ingresará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde luego será docente. Escaló posiciones: fue director de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Empresas Particulares y llegó a presidente de la Compañía Telefónica. Cristalizó su ascenso social convirtiéndose en miembro del Jockey Club y del Golf Club Argentino y desde su estudio de la calle Cangallo al 300. Mayer, Lobos y Clusellas, conocido por defender los intereses de varias multinacionales– solía mandar artículos de opinión para La Nación y La Razón. Como la mayoría de las familias repasadas en este libro, militará activamente en el antiperonismo. Primero se encontrará entre los hombres ilustres que apoyarán la candidatura presidencial del terrateniente salteño Robustiano Patrón Costas –abuelo de la ex esposa de Federico Pinedo–, el efímero intento del entonces presidente Ramón Castillo para forzar la continuidad del régimen conservador de la Década Infame. Clusellas también será uno de los integrantes de la llamada Junta de Exhortación Democrática, el embrión de lo que se transformará en la Unión Democrática, con el auspicio del embajador de Estados Unidos Spruille Braden. Luego del triunfo de Juan Domingo Perón figurará entre los renunciantes y cesanteados en la Facultad de Derecho de la UBA, una de las más combativas en contra del nuevo gobierno.

Rodolfo J. Clusellas se casó con María Elisa Lobos, hija de Eleodoro Lobos, otro profesor de Derecho que, además, ejerció como ministro de Hacienda durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. Tuvieron tres hijos varones. El del medio fue Jaime “Jimmy” Ramón Clusellas quien se casaría con Susana Zorraquín Nougués. Ya hablamos de los Zorraquín porque es el apellido de la abuela del ministro Esteban Bullrich. Se trata de una familia rica de Entre Ríos que fundó la firma Garovaglio y Zorraquín, dedicada a los negocios agropecuarios, luego diversificada.

Soccer players

 

 

Tuvieron seis hijos, el cuarto es el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas Zorraquín. Con Macri se conocen desde la primaria en el Cardenal Newman pero recién se hicieron íntimos en la secundaria. Ahí los juntaron en la misma división. Ambos preferían el fútbol al rugby, el deporte que distingue el colegio. Por eso, en vez de compartir el tradicional viaje de egresados al Reino Unido para confraternizar jugando con la ovalada contra egresados de aquellos lares, armaron un viaje paralelo para ir a jugar al fútbol contra college de Estados Unidos. Pensaron que ganaban fácil y resultó que la pasaron mal. Al otro año volvieron a Estados Unidos más preparados y Clusellas llevó como refuerzo a un compañero de la facultad, el hoy titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas.

Siguiendo el mandato familiar, Clusellas se recibió de abogado en la UBA, pero realizó un master en Derecho Comparado en la Universidad Metodista del Sur (SMU), en Texas, Estados Unidos. Nunca perdió contacto con su amigo y, poco después de recibirse, ingresó al cuerpo de abogados del Grupo Macri. Con el tiempo se transformará en directivo de Socma y de Sideco, además de síndico de varias empresas del grupo. En paralelo, llevó causas en estudios privados hasta que en 1992 abrió su propio buffet con otros socios: Romero Zapiola, Clusellas y Sluga.

Al igual que sus amigos José Torello y Nicolás Caputo, formó parte del armado de la Fundación Creer y Crecer, el primer paso que dio Macri para saltar desde Boca Juniors a la política. En 2007, cuando ganó la jefatura de gobierno porteña, Macri confirmó a Clusellas como su abogado de mayor confianza al nombrarlo secretario de Legal y Técnica, cargo que conservará durante sus ocho años en la Ciudad y mantendrá en el traspaso a la Nación. El funcionario a cargo de esta secretaría es quien se encarga de redactar los decretos y proyectos de ley del Poder Ejecutivo. También quien edita el Boletín Oficial. Pero pese a esta encomiable función, prácticamente el vigía jurídico del gobierno, el historial de Clusellas no luce inmaculado.

De acá a Panamá

Al momento de ser nombrado funcionario porteño, Clusellas integraba el directorio de una docena de empresas. Una era Sinosocma, consultora de inversiones del Grupo Macri. También formaba parte de la sociedad de la marca deportiva Le Coq Sportif, denunciada ese mismo 2007 por la ONG La Alameda por basar su producción en talleres clandestinos. Unos meses antes, esta organización que dirige el legislador Gustavo Vera había realizado una denuncia similar contra la marca Awada, de la familia de la primera dama.

La explicación que da Clusellas para figurar en el directorio de algunas de estas empresas es que su estudio de abogados se dedicaba al armado de las firmas, que después le pedían que integrara para completar la inscripción. Más o menos lo mismo dijo cuando su nombre apareció en los Panama Papers. Hay 15 entradas de Clusellas en el buscador provisto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que obtuvo los documentos. La mayoría de las entradas son listas en donde figuran los contactos del estudio panameño Mossack Fonseca entre los que aparece el buffet argentino Romero Zapiola, Clusellas y Monpelat (este último reemplazado ahora por Sluga), del que, de acuerdo a su última declaración jurada, el funcionario conserva un 1% de las acciones por un valor de 100.575 pesos.

Uno de esos documentos filtrados es una especie de ficha. La primera anotación es de mayo de 1999, cuando los abogados panameños lo van a ver al estudio jurídico en Avenida Corrientes 345. “Ambiente profesional, decoración excelente, oficina muy grande. Contacto: Pablo Clusellas. Cordial, 35-45 años, apariencia muy buena”, escribirán. Clusellas puede estar satisfecho de esa primera impresión que causó en los armadores de sociedades offshore. “Visitamos oficinas donde trabajan 20 personas, abogados con especialización empresarial. Brindan servicios para todas las áreas. Se le presentaron nuevos servicios e info que no conocía sobre fundaciones, pero hablaba con mucho conocimiento”, fue otra de las anotaciones. Otra entrada es de 2002, luego de la debacle de 2001 cuando muchos inversores buscaban qué hacer con el dinero que habían conseguido birlar del corralito. “Se envió información general de Hong Kong y Nevada con un calendario del mundial de fútbol”, avisan en referencia al mundial de Corea y Japón.

Clusellas estaba catalogado como “intermediario activo” por el estudio Mossack Fonseca, rol que mantuvo hasta mediados de 2008. Según respondieron al momento de la revelación desde su oficina, Clusellas abandonó la actividad privada cuando se convirtió en funcionario porteño, en 2007. Por lo tanto, actuó como intermediario al menos durante diez años, entre 1997 y 2007. En la Casa Rosada aseguraron, sin ningún documento que lo respaldara, que su rol no había sido el de facilitar la salida de capitales para el armado de sociedades offshore en paraísos fiscales –como hicieron durante esos años, por ejemplo, los Macri– sino que hacía de enlace para la llegada de fondos desde el exterior a la Argentina. La referencia de los panameños a Hong Kong y Nevada parecería indicar todo lo contrario.

Campo adentro

Más intrincado todavía es el caso de otras sociedades en las que aparece –o aparecía hasta hace un tiempo atrás– y que son propietarias de campos en Salta. La finca Cuchuy está ubicada en el departamento de San Martín y abarca cerca de 9 mil hectáreas de bosques nativos y en los papeles pertenece al ingeniero industrial Alejandro Braun Peña, otro integrante de la gran familia de Marcos Peña Braun y Miguel Braun, que –como ya hemos visto en anteriores capítulos– tiene varias de sus ramificaciones asociadas a negocios con el macrismo. Según reveló la organización ambientalista Greenpeace en mayo de 2014, en la actualización de su informe Desmontes SA, en ese momento Braun Peña compartía con Pablo Clusellas los directorios de las firmas Finca Cuchuy SA, Salta Cotton SA, Latin Bio SA, Cremer y Asociados SA y Hierros SA, algunas de ellas subsidiarias de Sideco Americana, de la que Clusellas era síndico. Como muñecas rusas, muchas veces una de las sociedades pertenece en parte a otra y ésta a una tercera, en la que los socios –todos o algunos– se repiten.

Ante la explosión rural que se generó a partir del boom de la soja, la ley de Bosques de 2007 encuadró los campos en tres categorías: la Categoría I rojo, que no permite el desmonte ni el aprovechamiento; la Categoría II amarillo, que no permite el desmonte pero sí el aprovechamiento; y la Categoría III verde, que permite el desmonte parcial. La ley estableció que cada provincia realizara un ordenamiento de sus bosques nativos en base a diez criterios ambientales, económicos y sociales. En Salta se cumplió este paso pero, luego, habilitaron que los dueños de cada finca realizaran reclamos al Ejecutivo provincial para recategorizaciones por predio, algo no permitido en la ley. Al contrario, dice que en caso de dudas entre una categoría y la otra se debe optar por la de mayor protección. Pero no fue lo que sucedió en muchos casos en Salta, ni en la gobernación de Juan Carlos Romero ni en la de su sucesor Juan Manuel Urtubey, el mandatario justicialista más cercano al macrismo.

Finca Cuchuy estaba zonificada en parte roja y en parte amarilla. Los dueños –la sociedad que integraban Braun Peña y Clusellas– reclamaron que sea rezonificada casi toda en verde. Consiguieron que le habilitaran para el desmonte 5.350 hectáreas, más de la mitad del campo. De acuerdo a los estudios satelitales que realizan las ONG ambientalistas, a fines de 2016 ya habían superado las 3.100 hectáreas desmontadas. Eso significó el desplazamiento de las comunidades que vivían allí: Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. “Las familias campesinas y wichí no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos. Y firmaron en favor de los empresarios a cambio de diez casas para la comunidad indígena y la ‘donación’ de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 9.000 hectáreas”, aseguraron desde la Red Agroforestal (Redaf). En una asamblea de 2013 –cuyo edicto se publicó en el Boletín Oficial recién en febrero de 2016, cuando el secretario legal y técnico manejaba la publicación– se modificó la composición de la sociedad Finca Cuchuy y Alejandro Braun Peña dejó de estar acompañado por Clusellas como director, reemplazado por Alexia Braun, su hija.

Otra sociedad conjunta es Salta Cotton. Al menos hasta mediados de 2014, Clusellas figuraba como su presidente y Braun Peña como director. Salta Cotton compró en 2010 una finca en San Martín por un total de 2.200 hectáreas que está desmontada casi en su totalidad. Por esta propiedad, Facundo Urtubey –uno de los hermanos del gobernador– mantiene un litigio de límites. “Soy propietario de una finca en Cuchuy, departamento de San Martín, desde 1997. En 2005, surgió un conflicto de límites con una empresa de Buenos Aires representada por Alejandro Braun Peña, relacionado con Cremer SA, de capitales alemanes, y Salta Cotton, vinculada a Mauricio Macri”, reconoció en 2013 uno de los hermanos Urtubey, chispeado porque el diario El Tribuno, de la familia del ex gobernador Juan Carlos Romero, lo había llamado “usurpador”.

Unas hectáreas más

Por si quedaran dudas acerca de la estrecha relación que existe, el propio Alejandro Braun Peña fue quien se encargó de comprar para el Grupo Macri la finca vecina El Yuto, de una extensión de 20 mil hectáreas, donde inicialmente se desmontaron 6 mil. “El 70% de las tierras argentinas son áridas o semiáridas, como las que tenemos en Salta. Si las aprovecharan como hacemos nosotros, el país podría crear bienestar y empleo para todos”, se entusiasmó Franco Macri al momento de presentar el proyecto. En su primera declaración jurada como diputado, Mauricio Macri reconoció acciones en Yuto SA por un valor de 1.300.000 de pesos. Luego esas acciones desaparecerán de sus declaraciones, igual que sucedió con otras.

Pero Finca Cuchuy y El Yuto no son los únicos terrenos con evidentes lazos con el Presidente. Quien figura en los balances como titular de El Yuto SA es Roberto Leonardo Maffioli, quien desde hace décadas es una de las cabezas del holding Socma-Sideco. Dos campos vecinos que suman un total de 3.280 hectáreas, en el mismo departamento de San Martín, fueron adquiridos entre 2006 y 2007 por Limayu SA, otra sociedad de la cual Maffioli es presidente. De esta sociedad es poco lo que se sabe, pero sí que ya consiguieron desmontar 2.120 hectáreas.

El departamento de Rivadavia queda al lado de San Martín y tiene características similares. Allí, Gianfranco Macri, nuevo conductor del Grupo Socma luego de la salida de su padre Franco, adquirió dos campos vecinos de 10 mil y 5 mil hectáreas en 2006, de los que hasta ahora pudo desmontar poco. Tiene juicios contra, al menos, tres familias de puesteros campesinos que estaban instalados allí.

 Una que declaró

Una de las grandes novedades de la última declaración jurada que presentó Macri fue la revelación que durante 2015 había adquirido terrenos en Salta junto a amigos del Newman como los hermanos José y Pablo Torello y Nicolás Caputo, entre otros. Una compra modesta la de finca Pluma de Pato, en el departamento de Rivadavia como la recién mencionada de su hermano Gianfranco. De acuerdo a su porcentaje en el negocio –18,69%– le correspondían apenas 373 hectáreas adquiridas a un valor de 334 mil pesos, según el detalle de la presentación que dejó en la Oficina Anticorrupción. Una investigación posterior realizada por el periodista Laura Urbano para el Nuevo Diario de Salta informó que de acuerdo a las cédulas parcelarias ese campo, en verdad, contaba con un total de 10.688 hectáreas. Según el porcentaje de Macri, entonces, era dueño de 1.997 hectáreas en vez de 373. Primera gran diferencia.

Por otro lado,  según los valores suministrados por la Compañía Argentina de Tierras SA, el costo de la hectárea en el departamento de Rivadavia oscila entre los 300 y 400 dólares para los terrenos sin desmontar y 1.000 y 1.400 dólares para los ya desmontados. En la vista área de la toma satelital del Google Earth permite apreciar que la mayor parte está sin vegetación. De acuerdo a la pesquisa realizada por la Redaf, de la parte que compraron Macri y sus amigos se habían desmontado 9.000 hectáreas, casi la totalidad. Por lo tanto, en vez de los modestos 23 mil dólares que había declarado como el valor de su posesión, en verdad su 18,69% superaría los 2 millones y medio de dólares.

En definitiva, si se suman los terrenos comprados por Franco Macri, Gianfranco Macri, Roberto Maffioli, el tándem Pablo Clusellas-Alejandro Braun Peña y Mauricio Macri y amigos –todos ellos estrechamente vinculados, por decir lo menos– estamos hablando de la friolera de 60.640 hectáreas adquiridas en Salta, de las cuales ya llevan desmontadas 22.472, una suma superior al territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

“Soy el primer fanático del medio ambiente”, le gusta definirse Macri. Incluso anunció la creación de un “gabinete nacional contra el cambio climático”, integrado por funcionarios de distintas áreas. Ellos deberían dedicarse a estudiar este caso. La tala afecta al ecosistema, que pasa a absorber menos carbono y así alimenta la emisión de gases de efecto invernadero. “Es muy preocupante que saquen la cobertura de lo que hacía ‘transpirar’ lo que llovía ahí. Lo convierten en una maceta que sólo absorbe. Al reemplazar el bosque por el cultivo se subaprovecha el agua, que se va para abajo, arrastra las sales que sube la napa y produce salinización”, agregó otro problema José Paruelo, ingeniero agrónomo y ex director en la licenciatura de Ciencias Ambientales de la UBA.

Queda claro que Macri tenía sus propios intereses para eliminar tan rápido las retenciones a las exportaciones agropecuarias y generar un “boom” del campo, uno de los pocos rubros que se fue para arriba durante su primer año de gestión. Los especialistas aseguran que este modelo productivo no sólo tiene consecuencias ambientales y desplaza de sus lugares históricos a los comunidades aborígenes, sino que poco y nada de la riqueza generada les toca a los habitantes de la zona. “El modelo no genera ningún tipo de crecimiento. No hay ningún índice de desarrollo en localidades como Anta o San Martín que hayan mejorado. Perdieron 2 millones de hectáreas de bosques y siguen igual de pobres. Nada del supuesto derrame. Beneficia a los grandes que ni siquiera son de la misma provincia, que sólo recauda algo más por impuestos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Fuente. Pagina12

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