Recalde criticó las 14 abstenciones del PRO para identificar cómplices de la dictadura
«Más allá de las disidencias y de las discusiones que algunos diputados radicales y del Frente Renovador plantearon, no entiendo la abstención de los legisladores de PRO, pero el silencio tiene también un valor jurídico», afirmó el legislador del oficialismo en diálogo con Radio Nacional.
La iniciativa impulsada por Recalde, el titular de la comisión de Legislación del Trabajo, recibió el apoyo mayoritario de la Cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza.
Los macristas abstemios son Laura Alonso, Héctor Baldassi, Eduardo Cáceres, Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular), Gladys González, Christian Gribaudo, Luciano Laspina, Soledad Martínez, Federico Pinedo, Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza), Cornelia Schmidt-Liermann, Federico Sturzenegger, Pablo Tonelli y Jorge Triarca.
El proyecto crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras para determinar quiénes fueron los «actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron» con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron «apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza».
Para Recalde, «se ha avanzado en identificar a algunas empresas cómplices como Mercedes Benz, Ford, Celulosa, Ledesma, La Veloz del Norte, Acindar, Techint, Siderca», pero lamentó los fallos judiciales que desprocesaron al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y a Vicente Massot (director del diario La Nueva Provincia).
«El desprocesamiento de Massot es terrible: se exculpa diciendo que no tuvo participación en la conducción de la empresa cuando desaparecen dirigentes sindicales y da como responsables a la madre al hermano muertos, cuando aparecen actas del directorio donde se lo designa para vincularse con el gremio y con los trabajadores», cuestionó.
El diputado del FpV agregó que también es necesario «avanzar en complicidades judiciales» y puso como ejemplo el caso del juez Ricardo Lona, acusado en primera instancia de partícipe secundario en el asesinato del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, y que ahora la fiscalía lo acusa de «partícipe» principal.
Fuente: Ambito Financiero