Cancillería reitera que el fallo de Griesa viola «el derecho internacional»
«Todos estos instrumentos establecen que los Estados Unidos de América como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial», sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado difundido un par de horas después de la audiencia en Nueva York.
Agregó que «la decisión del Juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina».
«Griesa ostenta el triste record de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la restructuración de la deuda externa de la Argentina», denunció la cartera a cargo de Héctor Timerman.
Destacó que «el gobierno argentino reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional y de solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países».
Más temprano se supo que Argentina envió una nota al gobierno de los EEUU y otra al juez Thomas Griesa para expresar un contundente rechazo al pedido de declaración de desacato de los fondos buitres. En una breve conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman aseguró que «este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo». «Esa pretensión (de los holdouts) implica un desconocimiento o una percepción alterada de las normas del derecho internacional vigente», manifestó.
Las misiva a EEUU fue dirigida al secretario de Estado, John Kerry. Allí, se deja en claro que la decisión de declarar un desacato no es aceptada ni por las propias de leyes de Canadá, Reino Unido, Singapur, Pakistán, Australia y EEUU. «No solo resulta contraria al derecho y la práctica internacional, los cuales prohíben la adopción de medidas contra un Estado con motivo de la negativa o incumplimiento de una orden judicial, sino que también es contraria a la propia normativa interna de diversos Estados», sostiene el texto.
El funcionario leyó el documento, donde se expresó además que «la mera consideración de la adopción de una orden judicial semejante constituye un afrenta a la dignidad y la soberanía del país» y alerta que «una declaración de desacato implicaría una escalada sin precedentes, y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro por parte de los bonistas reestructurados».
Además, se recordó las «obligaciones» de los Gobiernos «de no aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico contra otro Estado» y «obrar de buena fe» en el ejercicio de las funciones judiciales. En ese sentido, recalcó que los EEUU todavía no respondieron si aceptan o rechazan la demanda efectuada por el país ante la Corte Internacional de La Haya, y que en caso negativo, deben ofrecer un lugar de mediación pacífica. Es que la Argentina considera que el gobierno federal estadounidense es responsables por las acciones de cualquier de sus poderes del Estado u organismos dependientes.
En el último párrafo, la nota firmada por la embajadora en EEUU, Cecilia Nahón, se advierte que «cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que puedan frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la república Argentina, no solo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional» de EEUU.
La presentación a Griesa se realizó horas antes la una nueva audiencia en la que el magistrado finalmente dictó el desacato aunque no resolvió si habrá sanciones económicas.
Fuente: Télam