Ley de Abastecimiento: Diputados se prepara para una maratónica sesión
El Frente para la Victoria (FPV) de Diputados firmó ayer los dictámenes favorables para debatir, a partir del mediodía de hoy, el paquete de normas que incluyen la modificación de la Ley de Abastecimiento, la creación de un Observatorio de Precios y el surgimiento de un fuero judicial destinado resolver los conflictos de los consumidores.
Como sucedió en el Senado, el conjunto de bloques de la oposición rechazaron todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los secretarios de Comercio y de Justicia, Augusto Costa y Julián Álvarez, respectivamente.
Ante el rechazo destemplado, los funcionarios nacionales coincidieron en resaltar que tal actitud implica un rechazo liso y llano a cualquier regulación que, como sostuvo Kicillof, son herramientas para «dotar de mayor capacidad y eficiencia al Estado para hacer respetar y cumplir los derechos de los consumidores».
El debate que protagonizaron los diputados en un plenario de cinco comisiones –Asuntos Constitucionales, Comercio, Industria, Presupuesto, Justicia y Defensa del Consumidor–, insumió seis horas. Apenas un cuarto del tiempo previsto para la sesión de hoy que, se especula, se votará el jueves pasado el mediodía.
La oposición no sólo rechazó el paquete oficial sino que además presentó propuestas propias en disidencia. Eso totaliza unos 20 proyectos en total por lo que extenderá el debate.
La marcha del plenario de ayer, conducido por la titular de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, fue un anticipo de lo que se reproducirá hoy en el recinto. La diferencia es que en esta oportunidad estuvieron, además de los funcionarios, representantes de organizaciones empresariales y de defensores de consumidores.
Kicillof insistió en la necesidad de dotar al Estado las herramientas necesarias para hacer realidad la defensa de los derechos de los consumidores. «Hay instrumentos reguladores insuficientes y el Estado, que es el único que cuidará a los consumidores, debe contar con ellas», insistió el ministro de Economía, quien además dijo que hoy «los consumidores están desamparados». Afirmó además que los proyectos propuestos han sido objeto de ataques con argumentos falaces: «Los empresarios crean un fantasma y después se asustan de lo que crearon porque acá no hay un Estado que vaya intervenir y expropiar. Lo único que queremos es perseguir esos abusos para que terminen», dijo.
El secretario de Justicia, en tanto, buscó desbaratar el argumento que sostiene que la nueva ley de Abastecimiento es una copia fiel de la que existe en Venezuela. Rechazó lo que definió como “discursos tremendistas”. Así, Alvarez les pidió a los legisladores de la oposición que le indiquen cuál de todos los artículos del proyecto es similar a la legislación venezolana y les advirtió que el texto normativo «más bien se parece al de las leyes norteamericanas, que es el país que más les gusta. Seamos claros, lo que no quieren es regulación», azuzó.
Costa, a su turno, defendió la necesidad de contar con herramientas útiles para defender al consumidor. Por otro lado, señaló que el proyecto «va a generar una expansión en el derecho de consumidores inédita, histórica, que no tiene precedentes». También les dijo que «para el gobierno no hay empresarios de primera y de segunda como parece haber para algunos medios». La referencia estaba dirigida a los emporios mediáticos que se dedican a darle espacio a las grandes corporaciones que rechazan la iniciativa parlamentaria y, por el contrario, ocultan el apoyo que pregonan las pequeñas y medianas empresas.
En ese sentido, los diputados del PRO fueron los que menos ocultaron su postura a favor de las grandes empresas. Pablo Tonelli no habló desde la economía pero su mirada política fue suficiente para demostrar, una vez más, la inspiración liberal que tiene su partido: «Acá sólo el Estado hace las cosas bien y el privado tiene un afán excesivo de lucro”, dijo primero en forma irónica para luego anticipar que la norma es inconstitucional “porque implica severas restricciones a los derechos individuales.» Luego afirmó que es «ilegal» el sistema propuestos para las empresas de que “primero pague (la multa) y luego se queja”. Una defensa que no extendió a los consumidores que desde siempre padecen el sistema que Tonelli definió como ilegal para las empresas.
El radical Ricardo Buryaile también se opuso. Si bien es un ex vicepresidente de la Confederaciones Rurales Argentinas, se valió de una figura relacionada con la medicina para rechazar los proyectos: «La diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis. En estos proyectos pasa algo así por la dosis, ya que los remedios que se proponen se transforman en veneno.»
El titular del bloque de Unidad Popular, Claudio Lozano, buscó diferenciarse del resto de la oposición. Si bien está de acuerdo con el observatorio de precios y el fuero especial para los consumidores marcó su disidencia al presentar proyectos alternativos que, a decir verdad, tienen un tinte testimonial porque ni la oposición ni el oficialismo le darán su visto bueno.
Fuente: Tiempo Argentino