POLITICA

“Hay documentación que sospechosamente está perdida”

Dijo Miguel Angel Palazzni uno de los fiscales de la Unidad de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos en referencia al allanamiento realizado en La Nueva Provincia. El funcionario ratificó que “hay un par de pruebas que bien podrían haber estado y no están”. En tanto desde el diario aseguran que los documentos requeridos por la fiscalía son de público acceso.

“Hay documentación que sospechosamente está perdida”

Palazzani, junto con su colega José Nebbia, realizaron este martes la diligencia que se extendió por más de 11 horas en el marco de la causa por la que es investigado su director, Vicente Massot, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El allanamiento fue realizado a partir de una orden del juez federal subrogante Alvaro Coleffi y que había sido requerido por los fiscales.

“Hemos recabado importante documentación y comienza ahora la etapa de procesarla para ver y dimensionar la importancia de cada cosa que encontramos”, agregó Palazzani.

El fiscal señaló que los elementos secuestrados, entre los que hay fotografías, archivos periodísticos, legajos y dos CPU, entre otros “va a aportar tanto a la causa Ejército, como Armada y la de La Nueva Provincia”.

“Hay documentación que sospechosamente está perdida”, dijo Pallazani al aclarar que “no se puede especificar por ahora porque queremos chequearlo con otra documental que hemos encontrado, pero hay un par de pruebas que bien podrían haber estado y no están”.

El operativo se realizó con la intervención de personal de la Gendarmería Nacional, que al término de la medida judicial se encargó de trasladar en dos camionetas hacia la Fiscalía las cajas, los biblioratos, los libros de actas societarias, registro de pago a empleados, cuadernos, fotos y los 119 tomos de la colección del diario entre los años 1974 y 1983.

Entre la documentación secuestrada, los fiscales dieron con los legajos originales de los trabajadores Miguel Angel Loyola y Enrique Heinrich, obreros gráficos y militantes sindicales del diario asesinados en 1976, hecho que se le imputa a Massot. También, secuestraron documentación de la empresa en formato digital.

Sobre Vicente Massot, quien deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Federal Alvaro Coleffi el 24 de abril próximo, el fiscal sostuvo que “la causa recién comienza, el acto procesal que se viene es fundante y ésto es otro paso más”.

Al ser consultado si el empresario periodístico tendría que estar preso, el fiscal dijo: “nosotros hemos solicitado la detención porque entendemos que hoy tiene que estar detenido, vamos a insistir y entiendo que tiene que estar detenido por las graves imputaciones que pesan y por la prueba que hemos colectado”.

Massot está acusado de integrar “junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”.

Para este fin, habría contribuido desde el multimedios actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales”, señalaron los fiscales en un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la fiscalía.

Toda la información será ahora analizada de cara a la declaración indagatoria de Massot, aunque los fiscales anticiparon que, por el volumen de la documentación, el proceso de sistematización y análisis irá más allá del 24 de abril.

El pedido de allanamiento

“No sólo este Ministerio Público Fiscal busca archivos, fotos, comunicados, sino que también se está buscando conocer la existencia de documentación que permita reconstruir la integración real del grupo de personas que conducía y participaba en la toma de decisiones del diario en esa época”, indicaron Palazzani y Nebbia cuando insistieron el año pasado con la medida que, por primera vez, había requerido su colega Abel Córdoba en 2011.

El pedido de Nebbia y Palazzani fue formulado en el marco de la misma presentación en la que requirieron las detenciones de Massot y del ex secretario de redacción y “corresponsal naval” del diario, Mario Hipólito Gabrielli (fallecido).

En el acápite sobre la solicitud de allanamiento incluido en aquella extensa pieza, los fiscales consideraron “de utilidad para esta causa” fotografías de la época, en especial de víctimas del terrorismo de Estado y de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y diversa documentación como actas de asamblea y directorio e información sobre los obreros Loyola y Heinrich.

“Nos encontramos ante la gravedad de situaciones como la toma de fotografías a víctimas en lugares de cautiverio en ámbitos militares, las que luego aparecían publicadas en las páginas del diario La Nueva Provincia, tal el caso de las detenciones del grupo de víctimas que pasó desde el centro clandestino de detención organizado en el buque “ARA 9 de Julio” al Batallón de Comunicaciones 181, a quienes se fotografió durante su cautiverio, y dichas imágenes fueron luego difundidas por el diario”, fundaron los fiscales en aquella presentación.

El pedido de allanamiento también pone entre los objetivos de la pesquisa la búsqueda de “fotografías de los operativos de seguridad, control de población, allanamientos de domicilio, enfrentamientos armados orquestados en el marco de la llamada ‘lucha antisubversiva’, detenciones, secuestros y/o circunstancias similares, en relación a los hechos consumados en el marco del plan criminal de exterminio que encuadró cada hecho particular”.

Además, los fiscales buscaban dar con “informes y comunicados oficiales de prensa del V Cuerpo de Ejército y Armada” y “partes informativos” del Hospital Municipal de Bahía Blanca; la Prefectura de Zona Atlántico Norte y Prefectura Bahía Blanca; y de las policías bonaerense y federal.

“La medida propiciada tiende también a evitar que los pasivamente legitimados en el proceso manejen a voluntad la información que poseen, aportándola al proceso en la medida de su exclusivo interés” porque “es claro que el material que se solicita jamás puede ser ‘seleccionado’ por los directivos del diario cuyas conductas criminales (en cabeza de sus directivos y cómplices, claro), se investiga, sino que su recolección debe ser llevada a cabo por los representantes del Ministerio Público Fiscal y en caso de disponerlo, el Juez instructor”, fundamentaron los fiscales el pedido de allanamiento.

Los documentos requeridos por la Fiscalía son de público acceso.

Por su parte, el diario aseguró que la mayoría de los documentos que fueron secuestrados por la Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos “son de público acceso y desde siempre cualquier interesado puede acceder a los mismos con solo solicitarlo”.

“A tal punto es esto cierto que son visitados y consultados continuamente por estudiantes, investigadores o simples particulares”, afirmó el matutino a través de una nota titulada “Detalles y contradicciones de un procedimiento contra `La Nueva`”, publicada en la edición de papel y en la web.

“En cuanto a la obtención de los libros contables y societarios, bastaba con que los fiscales ad hoc ejercieran su facultad de emplazar a la dirección de La Nueva para que aportara, en plazo perentorio de horas, dichos materiales. Como en anteriores oportunidades, hubieren sido satisfechos en tiempo y forma”, expresó el diario.

En el marco de la publicación, La Nueva también señaló que “a días de la presentación de Vicente Massot ante el juez de la causa a fin de cumplir con la indagatoria fijada para el próximo 24 de abril, la Dirección de esta casa mantendrá su línea de no confrontar con los fiscales ad hoc en el terreno mediático que éstos han utilizado desde el inicio”.

Para el diario, “los fiscales ad hoc, acompañados por personal de la Gendarmería Nacional, han dispuesto el secuestro de cientos de sobres y biblioratos conteniendo fotos y recortes periodísticos del archivo de La Nueva que podrían haber sido, una vez más, pedidos o en su caso copiados, en tanto y en cuanto hacen al funcionamiento diario de los medios periodísticos de la empresa”.

Fuentes: Télam/ fiscales.gob.ar

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