POLICIALES

Patronatos de Liberados, otro eslabón perdido del sistema penal

Es la última instancia por la que deben pasar los presos en su proceso a la libertad. Son fundamentales para bajar las altas tasas de reincidencia. La falta de presupuesto, el poco personal y la indiferencia administrativa conviven con la buena voluntad de sus empleados.

Patronatos de Liberados, otro eslabón perdido del sistema penal

Jorge Víctor Penela fue detenido el 10 de julio de 2001. Estuvo 11 años presos y pasó por nueve unidades penales. Mercedes, La Plata y Magdalena, entre otras. El peor de los recuerdos lo tiene en Melchor Romero (2003-2004). “Te veían y te daban psicofármacos”, recuerda. Pero un día, un subjefe, le djo: “A vos que te gusta leer ¿Por qué no te anotas en Derecho?” Abogacía era la única carrera, que en ese entonces, podían estudiar los privados de la libertad. Hoy le faltan 9 materias y lleva un año y medio en libertad. La salida no fue fácil.

“No te podemos ayudar. Estamos para resolver los casos con extrema vulnerabilidad” cuenta Jorge que le dijeron en el Patronato de Liberados, la institución encargada de controlar y dar asistencia a quienes recuperan su libertad. Igual, aclara: “No los hago responsables. Es la propia sociedad la que va formando el sistema”.

Esta historia es la de Jorge Víctor Penela. Pero podría ser la de los cientos de detenidos, que una vez fuera de la cárcel se encuentran con la nada misma. “Son muchos los jóvenes que tras haber estado en el encierro, se chocan con un estado ausente en materia de políticas sociales que les permitan transitar el período de egreso”, explicó  Anabella Museri, Cordinadora del Programa Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Lo primero que se puede decir sobre los Patronatos es que hay poca información publicada. En una primera búsqueda aparecen definiciones técnicas, leyes, direcciones y teléfonos. Pero poco se dice sobre cómo funcionan en el día a día.

“El Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires está en crisis. Y es parte de la crisis que atraviesa el sistema carcelario bonaerense”, asegura  Damian Barbosa, presidente de la Comisión de Ejecución Penal del Colegio de Abogados de La Plata y titular de la Asociación Civil Reinserción Social y Desigualdad.

¿Cuál es la importancia del Patronato? “Hacer todo lo posible para que el liberado no vuelva a reincidir”, sintetiza Barbosa. Si al detenido se le brinda un tratamiento social serio y responsable, con contenido humano y apoyo material, es muy probable que se reduzca la incursión en el delito. Y ese es el objetivo.

Cuando el detenido sale en libertad tiene demandas concretas: alojamiento, alimento, vestimenta, elementos de higiene y medicamentos. La mayoría provienen de sectores en extrema vulnerabilidad. “La pena privativa de la libertad tiene un impacto regresivo muy fuerte en las personas detenidas”, recuerda Museri desde el CELS. Y la vuelta al ruedo, después de años de encierro, no es fácil. Eso sin contar que el entorno social es especialmente hostil con los detenidos, y por lo general la presencia de antecedentes penales dificulta seriamente el acceso a un empleo.

“Es sabido que el sistema penal recae principalmente sobre las personas de los barrios más pobres. El encierro aumenta sustancialmente la vulnerabilidad económica y social, y presenta serias limitaciones para el acceso al trabajo, la educación, actividades culturales y demás. A su vez, el encierro tiene un impacto subjetivo indudable. Y es en este contexto que la ausencia de políticas pos penitenciarias aparece como un problema central en materia de derechos humanos”, explicó la cordinadora del Programa Justicia Penal del CELS.

Desde el organismo que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos sostienen que los patronatos funcionan con “serias deficiencias respecto de los programas para facilitar el acceso al trabajo, la educación, y otras políticas sociales”. Lo que representa un verdadero problema, porque los ex detenidos y sus familiares afrontan sin herramientas y con muchas dificultades el período de transición entre el afuera y el adentro de los muros.

Pero no se trata de una crítica encarnizada contra los patronatos. Su mal funcionamiento es más bien “parte de las falencias estructurales de la (casi ausente) política pos penitenciaria. Esto obviamente pone en jaque la inclusión de las personas que estuvieron detenidas”, analizó Anabella Museri.

Un servicio público tercerizado

De acuerdo a la Ley 26.660, los Patronatos de Liberados “podrán ser organismos oficiales o asociaciones privadas con personería jurídica. Estas últimas recibirán un subsidio del Estado, cuya inversión será controlada por la autoridad competente”. Bajo esa última lógica –asociación civil subsidiada por el Estado- funciona en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en territorio bonaerense, como en muchas otras provincias, los patronatos dependen del Ministerio de Justicia. Ese es otro de los puntos polémicos.

“Debería pertenecer al Poder Judicial, pero está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Esta es una discusión que se ha dado, porque lo importante sería que tanto las partidas presupuestarias como la designación de personal idóneo no sean cuestiones que estén sujetas a cargos políticos”, porque cuando cambia el funcionario de turno se ve afectado todo el sistema, explicó Barbosa, titular de la Asociación Civil Reinserción Social y Desigualdad.

A ese debate hace referencia el proyecto de Reforma del Código Penal. “El Patronato de Liberados, que es una asociación civil solventada por el propio Estado, o sea, una tercerización de un servicio de ejecución penal, lo que es intolerable. Sería deseable que el Poder Judicial incorporase al personal de esa institución y formase el embrión de este servicio de ejecución en libertad, como auxiliar de los jueces de ejecución penal”.

El Patronato de Liberados funciona como una dependencia del Poder Ejecutivo o como una asociación civil solventada por el Estado, en el mejor de los casos. Al día de hoy, hay muchas provincias que directamente no cuentan con ese servicio al detenido.

Las secuelas del encierro

Hay quienes se refieren a los Patronatos de Liberados como un limbo administrativo, un oximorón jurídico. Sin embargo muchos rescatan la predisposición de sus trabajadores y hasta hay anécdotas con un final algo más feliz. Como la de R. que pasó 17 años preso y cuando recuperó su libertad, en 2011, volvió a vivir con su mujer, en una casa a las fueras de La Plata, donde su esposa tenía un quisco que abastecía a los vecinos del barrio.

Por intermedio de quien había sido docente suyo dentro del penal de Olmos, R. consiguió un subsidio para el quisco. Fueron cinco mil pesos que utilizó para comprar mercadería y más tarde debió devolver en cuotas de a cien.

Así como en el caso de R. el Patronato ofrece subsidios para microemprendimientos y becas para la finalización del secundario. “Lo que pasa es que los liberados no quieren saber nada con el Patronato. Es la última instancia por la que pasan al recuperar su libertad. Para ellos es parte del control”, explicará a un docente que trabaja con personas privadas de su libertad en varios penales de la Provincia de Buenos Aires.

La reforma del Código, una oportunidad

El debate sobre cómo deberían funcionar los patronatos ha estado en boca de funcionarios, profesionales y personal de seguridad. Ahora, en medio de la discusión por el proyecto de Reforma del Código Penal, los Patronatos vuelven a estar en medio del debate.

El propio juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, se refirió a ellos durante una charla en la Biblioteca Nacional. “El Patronato (de liberados) es una tercerización de servicios pagándole a una sociedad civil, que no controla nada”.

“Cuando los detenidos recuperan su libertad se acercan buscando soluciones a los Patronatos, pero lo único que se encuentran es con la buena voluntad de los trabajadores”, reconoció el abogado penalista Damian Barbosa. La falta de recursos y los problemas gremiales son dos de los grandes conflictos que afectan al Patronato de la Provincia de Buenos Aires, según experiencia de Barbosa.

¿Cómo se podría revertir esta situación? Es necesario que se invierta más presupuesto y que se trabaje en forma interministerial, para darle mejores alternativas al preso que recupera su libertad.

El proyecto para la reforma del Código Penal prevé una serie de penas alternativas a la prisión. Es una propuesta que generó mucho entusiasmo en el penalismo mundial en los años setenta y ochenta. Se pensó que con ellas se podrían disminuir el número de presos y reducir los efectos deteriorantes del encierro. Pero finalmente, los jueces no las aplicaban, porque se carecía de la correspondiente infraestructura para su ejecución.

Por eso, la comisión redactora del proyecto de Reforma del Código Penal, integrada por asociaciones civiles, profesionales y legisladores de casi todo el arco político, estableció que para una aplicación efectiva de las penas alternativas “se requiere de un cuerpo de personal especializado dedicado a su ejecución”. Se propone así la creación de un cuerpo de profesionales, porque actualmente el Patronato de Liberados está por fuera de la órbita del Poder Judicial.

Los Patronatos “se van a tener que reformar a parte. No es algo que se especifique en la Reforma del Código” aseguró  Roberto Carlés, coordinador de la comisión redactora del proyecto. Se va a “requerir un mejor funcionamiento de los patronatos, se necesita una reestructuración significativa, con mayor intervención del Estado tanto en el control como en la asistencia del liberado”. Desde el CELS, coinciden: “Es fundamental que se avance en reformas de los Patronatos de Liberados a la par de las reformas” que se proponen para el Código Penal. Porque es necesario “que se fortalezcan las políticas pos penitenciarias en cualquier proyecto que tenga como eje la inclusión”.

Fuente: Infonews

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