POLITICA

Crece el debate por la propuesta para regular las protestas en las calles

Referentes de la justicia, los partidos políticos y organizaciones sociales analizaron para Tiempo Argentino la iniciativa planteada por la presidenta Cristina Fernández. Los antecedentes en el Parlamento y la mirada jurídica.

Crece el debate por la propuesta para regular las protestas en las calles
El corte que los trabajadores portuarios realizaron el miércoles en el Puente Nicolás Avellaneda, uno de los accesos que comunica la Capital con la Conurbano sur, que culminó con un joven motociclista golpeado por intentar cruzar el piquete, reavivó el debate en torno al control de la protesta social, una medida que planteó la presidenta Cristina Fernández durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el 1 de marzo pasado.
Tiempo Argentino dialogó con referentes de la justicia, diputados nacionales de diversos partidos y protagonistas de los movimientos sociales para que opinen sobre el tema. El debate sobre el control de la protesta social, que preocupó al ex presidente Néstor Kirchner apenas asumió, ahora camina hacia una nueva inflexión que despierta distintos debates, aunque todos los consultados coincidieron en expresar que se trata de una cuestión sumamente sensible y compleja porque existen dos derechos en pugna: para la mayoría, la resolución del conflicto debe estar centrada en el equilibrio y el consenso.
*Para el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y prestigioso jurista, Eugenio Raúl Zaffaroni, la regulación de la protesta social es más una “cuestión de sentido común”. “Cualquier protesta debe ser lícita si se limita a llamar la atención, con las molestias que sólo son inherentes a la circulación de personas o a su reunión. En estos casos no puede haber delito ni contravención alguna. Es el ejercicio de un legítimo derecho. Si pasan de eso y producen interrupción de circulación, sólo se justician cuando respondan a un estado de necesidad: se necesita un hospital, no llegan las ambulancias, se agotaron las vías institucionales y nadie resuelve el problema. El objetivo sería lograr que las autoridades intervengan para buscar soluciones. Pero nadie tiene derecho a hacer una protesta que interrumpa el tránsito totalmente y provoque daños a terceros porque no tiene una peluquería en el barrio o porque quiere un aumento de sueldo, cuando tiene los medios institucionales para reclamar lo que considere justo. Y por supuesto que no se trata ya de protesta, sino de delitos, si se cometen daños o lesiones”, aseguró Zaffaroni. “Incluso en los casos anteriores y no justificados, es conveniente que se establezca que antes de cualquier intervención estatal con fuerza, se emplace a los intervinientes para que hagan cesar la interrupción sin consecuencias. De lo contrario, se habilitaría la violencia policial que siempre es multiplicadora y sólo debe ser el último recurso”, concluyó el magistrado ante la consulta de este diario.
*El diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV) y abogado Héctor Recalde, expresó a Tiempo Argentino: “En primer lugar, quiero reivindicar que nuestro gobierno se caracterizó por no criminalizar la protesta social. Una de las características esenciales del movimiento peronista del FPV es la movilización, la expresión del pueblo en la calle. En consecuencia, estoy absolutamente de acuerdo con ello. Ahora, universalmente, en cualquier legislación de cualquier país del mundo, existe lo que se llama abuso del derecho. Cuando hay cortes sorpresivos con 15 o 20 personas hay un desbarajuste.” El legislador indicó que “hay dos bienes jurídicos a tutelar: el derecho a protestar y el de no perjudicar innecesariamente e irrazonablemente al resto de la población” y “tiene que haber equilibrio entre ambos. Me parece inmejorable dar un debate para ver cómo se puede establecer alguna regla de juego que contemple los derechos en pugna. Un ejemplo: si hay 20 personas cortando Callao y Corrientes, podrían dejarse dos carriles libres para que se pueda transitar. Y puede haber algún aviso previo. A veces, el daño es desproporcionado: no se puede ir a un hospital, al colegio, al trabajo. El caso límite fue el que sucedió con el motociclista en el Puente Avellaneda”, manifestó.
*El presidente del bloque de diputados nacionales del Partido Socialista, Juan Carlos Zabalza, expresó a este diario: “Muchas veces se produce una colisión de derechos entre quienes protestan y el ciudadano que va a su trabajo y quiere de alguna manera vivir sin ese problema. Cada uno juega su propia verdad. En una visión conceptual, creo que hay que achicar la posibilidad de la protesta con el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desprotegidos.” “Regular la protesta va a ser complejo. Descreo de la metodología de la violencia para superar estos conflictos. Además, avanzar en alguna regulación va a evadir el tema esencial: que el Estado ejecute políticas públicas universales en serio y no políticas clientelares”, dijo.
*Miguel Bazze, vicepresidente del bloque de la UCR en la Cámara Baja, aseguró: “Hay que ser muy prudente a la hora de ver la regulación. Nosotros no estamos de acuerdo con criminalizar la protesta. Obviamente, nos parece una exageración la existencia de piquetes con muy pocas personas que terminan generando consecuencias a miles de personas.” Bazze indicó que “avanzar en leyes que prohíban este tipo de manifestaciones es muy grave porque después, para poder hacer que las leyes se cumplan, la justicia debe ordenar reprimir, y no es lo más conveniente. Si se trata de morigerar las protestas y no la prohibición, podríamos conversar.” Según el radical, una de las formas para afrontar el problema es “mejorar las formas de canalización de los reclamos, y para eso deben mejorarse las instancias de gobierno, como la Defensoría del Pueblo de la Nación, que no funciona. Tiene que haber organismos más dinámicos y menos burocráticos”, aseveró. El legislador radical, que diferenció las manifestaciones de “grupos muy reducidos” de las “justificadas”, declaró: “Estamos jugando con fuego, prefiero que nos armemos de paciencia y aceitar los mecanismo para solucionar los orígenes de los conflictos. A veces, vivir en libertad con respeto a los Derechos Humanos genera incomodidades, pero es mejor tenerlas a terminar en una situación que hoy no podemos dimensionar porque hace tiempo no tenemos situaciones de represión.”
* El senador nacional por el PRO Diego Santilli, respaldó la idea de canalizar la protesta con “razonabilidad y prudencia”. El ex funcionario porteño dijo tener “muchas propuestas”. “Ojalá que en este marco que pide la presidenta, los diputados que la acompañan en la Ciudad nos acompañen a nosotros en sancionar esas leyes”, dijo en declaraciones radiales.
*La diputada nacional por le FPV Teresa García declaró a Tiempo: “Estamos muy lejos de querer sancionar la protesta, no es el sentimiento del gobierno que siempre ha evitado la represión. Debemos encontrar un punto de acuerdo para que las protestas no sean salvajismo, como ocurrió en el Puente Avellaneda”, dijo. Y reveló: “Hay dos antecedentes legislativos en el Congreso actual: un proyecto de declaración de (Patricia) Bullrich y un semi proyecto de ley (digo semi porque no hay instrumentos en el texto) de la ex diputada (Graciela) Ocaña. No hay otros antecedentes. Por lo que vamos a tener que ponernos creativos en la materia.”
*Fernando “Chino” Navarro integra la mesa ejecutiva nacional del Movimiento Evita y se desempeña como diputado bonaerense del FPV. En diálogo con en este diario, afirmó: “El Movimiento Evita no tiene una posición uniforme. Algunos entendemos que es necesario regular porque, si bien reconocemos el derecho que protege la protesta, a veces, el cortar una vía de comunicación sirve para dar visibilidad a un reclamo pero también perjudica a miles de personas.” “Nosotros reivindicamos la no criminalización de la protesta social y creemos que debe haber una regulación precisa, equilibrada, donde se articulen todos los derechos en juego. No obstante, otros sectores del Movimiento, como la JP-Evita, no comparten el criterio porque consideran que la protesta es una herramienta de las clases populares para manifestar sus derechos no resueltos”, explicó.
Fuente: Tiempo Argentino
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