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La Justicia desestimó “de plano” la causa del COPROTUR

El fiscal Rubén Oscar Álvarez archivó la causa Coprotur y desestimó “de plano” la presentación efectuada por un grupo de concejales opositores el 12 de junio de 2012, quienes sostienen la comisión de irregularidades en la situación patrimonial del ente. “No resulta admisible sostener que una conducta como la denunciada -de haberse producido- pueda ser imputada como un accionar criminal”, ratifico el funcionario judicial.

La Justicia desestimó “de plano” la causa del COPROTUR

El titular de la fiscalía de Delitos Económicos sostuvo en su resolución: “teniendo en cuenta toda la fundamentación precedente, se advierte que luego de esta exhaustiva investigación” que:

- no se ha encontrado faltante de dinero.

- los espectáculos y actividades contratadas han sido efectivamente llevadas a cabo y abonadas

- todos los pagos efectuados por el COPROTUR por dichos servicios han sido bancarizados , por lo cual se pueden rastrear las operatorias.

- los gastos han sido rendidos ante la municipalidad -independientemente de su oportunidad-.

- los subsidios otorgados por el municipio se encuentran documentados en sendos expedientes y expuestos en la rendición de cuentas analizada por el HTC

- el balance del ente, si bien adolece de múltiples irregularidades, ha mostrado la actividad económica del consorcio durante el ejercicio 2011, descartándose que se halla expuesto información falsa sobre la situación patrimonial de la misma, en términos de tipicidad penal

- la ausencia de una contabilidad llevada sistemáticamente no constituye per se un delito penal

- la comparación entre lo contabilizado por los proveedores investigados y lo contablizado por COPROTUR en virtud de los servicios prestados por aquéllos, han arrojado que son coincidentes, más allá de alguna diferencia insignificante, lo cual hace descartar el pago de “sobreprecios” que permitan sospechar la existencia de “retornos”.

“En definitiva -concluyó Álvarez- no se ha logrado determinar al presente la existencia de actos defraudatorios o de malversación alguna. Todo ello, sin perjuicio del eventual reproche administrativo y las condenas pecuniarias que imponga el Honorable Tribunal de Cuentas a los funcionarios que hayan cometido eventuales irregularidades, si corresponden, los cuales responderán con su patrimonio personal y, en su caso, posibilitar continuar con la presente investigación si resulta pertinente”.

No obstante, el fiscal aclaró que “lo expuesto es sin perjuicio de la responsabilidad por las decisiones políticas que, buenas o malas, escapan al control judicial.

En el mismo sentido considera que “párrafo aparte merecen las calificaciones efectuadas en algún escrito presentado, que no ameritan su tratamiento, en el sentido que solicitan la investigación por enriquecimiento ilícito de funcionarios cuando no se mencionan los elementos que llevan a sospechar ello”.

 

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