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La justicia española consideró al escrache “expresión democrática”

La audiencia de Madrid se expidió tras una presentación de la fiscalía. El tribunal sostiene que es un mecanismo válido de participación de la ciudadanía. El caso es de abril pasado y lo presentó Soraya Sáenz de Santamaría.

La justicia española consideró al escrache “expresión democrática”

La justicia española fue clara: los “escraches” no son un delito, sino una expresión de participación democrática y pluralismo. Así lo consideró ayer la Audiencia provincial de Madrid, que archivó la querella presentada por la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien había denunciado durante 2013 a un grupo de 27 activistas defensores de los desahuciados por coacciones y amenazas.

El tribunal hizo referencia a las protestas que se originaron en abril del año pasado, cuando un grupo de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se manifestó pacíficamente frente a la casa de la vicepresidenta contra los desalojos y a favor de la creación de un parque de viviendas destinadas a alquiler social. De acuerdo con lo expresado ayer por la justicia, el escrache contra Sáenz de Santamaría fue “un mecanismo ordinario de participación democrática y una expresión de pluralismo ciudadano”.

En su resolución de diez páginas, la Audiencia de Madrid aseguró que los escraches se produjeron como “denuncia o protesta por decisiones tomadas o que se van a tomar por responsables políticos o económicos” y que “no hay delito”, ya que “no hubo violencia ni se intentó impedir que la familia de la vicepresidenta pudiera salir de su casa”. Según constató el tribunal integrado por los magistrados Miguel Hidalgo, Francisco David Cubero e Isabel Valldecabres, al domicilio de Sáenz de Santamaría no concurrieron personas con armas, explosivos ni objetos contundentes. La protesta, además, no fue convocada con la intención de cometer delito de coacción o atentado.

Por último, los jueces concluyeron que tampoco observaron la comisión de delitos de desórdenes públicos ni de manifestación ilegal. En el primero de los casos, porque no se trató de una injerencia grave. Y en el segundo, porque desatender el requisito de comunicar previamente la movilización no constituye en sí mismo una infracción penal.

Los escraches, utilizados por los manifestantes españoles de forma masiva y copiados de la Argentina, fueron realizados en los últimos tiempos contra dirigentes del gobernante Partido Popular (PP), que intentaron criminalizar al movimiento de protesta afirmando que había miembros vinculados a grupos radicales e independentistas y que iban en contra de la Constitución.

Uno de ellos fue el vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, quien calificó como “izquierda violenta y antidemocrática” a los miembros de la PAH. El funcionario sostuvo que a estos grupos “les importa muy poco o nada los desahucios y los desahuciados” y lo que buscan, a su juicio, es “empujar” al gobierno para que caiga. “Aunque nos empujen no nos vamos a caer y no vamos a permitir que nos empujen porque tenemos la fuerza de las urnas, de la democracia y de casi once millones de españoles que defienden el proyecto del PP”, aseguró Floriano.

Los escraches abrieron durante 2013 y lo que va de 2014 un debate en torno a su legalidad, que el juzgado de instrucción número 4 de Madrid ya había ratificado el año pasado al entender que se trataba de actos de “libertad de expresión”. Las voces de la PAH continúan recorriendo todo el país y sus principales miembros ya aseguraron que no dejarán de realizar escraches hasta que sus reclamos sean escuchados por las autoridades.

Creció el empleo en el país

El desempleo creció otra vez en España: en el pasado mes de enero hubo 113 mil desempleados más que en diciembre. Según datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo, se trata de los peores registros en los últimos 12 años para el país ibérico, que actualmente cuenta con 4,8 millones de desocupados.

El número de afiliados al sistema de seguridad social también cayó un 1,13% en enero, lo que representa 184 mil personas menos. En total, los adscritos son 16,1 millones, la cifra más baja desde 2002.

Pese a estos datos, el gobierno de Mariano Rajoy conservó su discurso optimista y afirmó que los registros de desempleo son “significativamente mejores”, ya que crecieron menos que el promedio de los últimos cinco años, lo que confirma una “tendencia favorable”. De hecho, hace unos días el ministro de Economía, Luis de Guindos, vaticinó desde Bruselas que durante 2014 y por primera vez desde el inicio de la crisis España experimentará la creación de empleo neto.

Pero los sindicatos no fueron tan optimistas. La Confederación Sindical de Comisión Obreras (CCOO), una de las más importantes de España, advirtió ayer que harán falta al menos 15 años para recuperar los empleos perdidos en el último período y alertó sobre el aumento del trabajo precario y la caída de los sueldos. La CCOO recordó también que casi el 40% de los desempleados españoles ya no tienen prestaciones y la mitad sólo recibe una ayuda asistencial.

Fuente: Tiempo Argentino

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