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La estrategia del gobierno para hacer cumplir el acuerdo de precios

El plan incluye un análisis permanente de las distintas cadenas de valor, incluidos los costos del transporte, el impacto de las importaciones y la estacionalidad. Además, se apunta a una variedad de herramientas de control.

La estrategia del gobierno para hacer cumplir el acuerdo de precios

Para el gobierno nacional, el nuevo acuerdo de precios alcanzado con supermercados, productores y distribuidores se ha transformado en algo más que un simple listado de productos con valores administrados. Cuando se gestaron los cambios de conducción en el equipo económico y la Jefatura de Gabinete, se empezó a planificar una iniciativa de carácter global para intentar encausar la marcha de los precios y los costos de la economía, pero considerando variables micro y macroeconómicas, que incluyen el control de los precios minoristas, el análisis de los costos de producción y del transporte de mercancías; nuevas pautas para privilegiar la fabricación local con el objetivo de sustituir importaciones; una gestión más efectiva del flujo de importaciones; y la aplicación de tecnologías que permiten un potente control fiscal sobre la facturación de los comercios.

En una de las primeras reuniones que mantuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, para delinear el programa analizaron las deficiencias de los acuerdos de precios anteriores, al tiempo que observaron las movidas de los productores y las cadenas de supermercados para especular con los precios. Las conclusiones a las que llegaron los motivaron a buscar sentar en la mesa de negociaciones a todos los integrantes de la cadena productiva: industriales, logística, distribución y bocas de expendio. Uno de los empresarios que actuó como nexo del gobierno con los industriales fue Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la cámara alimenticia Copal. Paralelamente, se abrieron mesas de diálogo con las grandes marcas en forma individual. La decisión no fue al azar: de hecho, la pata más importante para que el acuerdo se cumpla en tiempo y forma partió de un compromiso de los fabricantes, que actúan como formadores de precios y que concentran, en pocas manos, casi el 80% de la producción de artículos de consumo masivos.

Si bien el acuerdo anunciado el viernes en Casa Rosada tiene una vigencia de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, técnicamente, los productores se comprometieron a no subir los valores hasta el 31 de marzo, fecha en la que se volverán a renegociar los precios. En el acto del viernes, el ministro Kicillof aclaró que “va a haber precios que suban y precios que bajen, como pasa en la vida cotidiana”. Más en concreto, el secretario de Comercio, Augusto Costa, especificó que la aprobación de subas en los precios dependerá de “factores objetivos”, como un incremento en los valores de las importaciones necesarias para la producción de alimentos o la estacionalidad de un producto, en especial con las frutas y verduras.

El monitoreo del acuerdo que Comercio Interior estableció con los supermercados incluye un esquema de control mutuo. Costa les habló a los grandes supermercados de un “sistema de alerta temprana”, una especie de mecanismo de denuncia de aumentos de precios para que los supermercados pasen el dato en forma instantánea.

Para evitar caer en distorsiones que terminen impactando negativamente en la fluidez del proceso, esta herramienta tiene una ventana. Si hubiera informes de aumentos de costos de producción comprobables, el gobierno analizaría con la cadena una actualización de los valores para que no impacten las subas en el precio final sin que el Estado intervenga en la remarcación.

“Nos hablaron de un sistema de precios administrados”, detalló a este diario una alta fuente del supermercadismo y graficó la integralidad del programa. En una serie de carpetas que permanecen desde hace varios días en las oficinas de Costa en Diagonal Julio Roca, hay informes de costos de logística que acercó Alberto Guida, de la Cámara de Distribuidores de Mercancías (CADAM); y detalles de precios mayoristas y rentabilidad que dejó, por ejemplo, Alfredo Coto, otro de los hombres que tuvo un rol importante dentro del sector supermercadista. A esto se le sumó la recuperación de un trabajo sobre márgenes de la cadena láctea, que quedó de los tiempos en los que Guillermo Moreno encabezaba la cartera de Comercio.

Con este material, el gobierno y los sectores hicieron cuentas y pusieron sobre la mesa un principio de renta justa para todos, una especie de escenario previsible de ganancias. Según detallaron a Tiempo desde el sector comercial, la expectativa es que la renta por producto oscile entre el 10 y el 40% para los supermercados. Con una pauta fija, el Estado buscó que no haya huecos ni malestar empresario que pongan en peligro la estabilidad de los precios.

En las últimas horas, y por sugerencia de los comercios, se empezó a evaluar la posibilidad de que cada supermercado exhiba el listado de productos y precios y que se lance una campaña en medios de comunicación. La idea es que esto sirva como una forma de monitoreo social del cumplimiento y una manera de orientar la compra de productos de la canasta básica con precios de mercado. Actualmente, habrá 175 productos de primeras y segundas marcas, lo que hará un neto de 120 artículos. Entre ellos figuran el pan industrializado, farináceos, aceite, azúcar, panificados frescos, cortes de carne, frutas y verduras, productos de higiene personal y del hogar.

Si bien hasta fin de año tiene vigencia el acuerdo de precios de 500 artículos, la nueva iniciativa intentará que el control de precios se base en un compromiso de las partes, pero no como una simple voluntad, sino más bien desde un estudio técnico de la renta que a cada sector le corresponde.

Pero para fortalecer los compromisos, el gobierno apunta a que tanto los fabricantes como los supermercados firmen una declaración en la que aceptarían no incurrir en las trampas que pusieron en práctica este año y que derivaron en un virtual quiebre de los acuerdos de precios logrados por el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Esto es, que no desabastecerán de productos del acuerdo a las góndolas y que no habrá producción de artículos muy similares a los incluidos en el acuerdo pero mucho más caros.

Importados

El ordenamiento del ingreso de productos importados es otra de las aristas contempladas en el plan de precios. En otra de las reuniones con los industriales textiles, gráficos, del calzado y los laboratorios, Costa y Kicillof explicaron que la meta es priorizar las compras al mercado interno y señalaron que, en un primer momento, se autorizarán los ingresos sólo de bienes de capital o insumos básicos para la producción. No habrá lugar para productos terminados, factor con el que buscan influir en una mayor competencia de precios interna entre fabricantes, que repercuta en una posterior baja en otros valores al consumidor de productos que no están en la canasta básica de alimentos. Horacio Moschetto, de la Cámara del Calzado y uno de los que participa en las reuniones, detalló que “además se intensificó el pedido de información de las Declaraciones Juradas de Importación”. De ahora en más, Economía pedirá un plan de ventas, compras y exportaciones anual, y el listado de los precios correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013. Aunque para el público promedio los precios de la góndola son, lógicamente, lo más importante, las importaciones son un grave inconveniente para los precios en general y para la balanza comercial en particular. Es que, según se desprende de datos oficiales a los que accedió Tiempo, había listados de pedidos donde algunos empresarios hacían declaraciones para traer de afuera productos fabricados en la Argentina y hasta otros repetían los pedidos varias veces.

Controladores

La cuarta pata del acuerdo de precios tiene que ver con el aporte de la fiscalización al cumplimiento de la estabilidad de los valores. Este punto, por la relevancia de la nueva tecnología que se aplicará, es hasta más importante que el comportamiento propio de cada uno de los integrantes de la cadena. El martes último, la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP) publicó en el Boletín Oficial una resolución en la que precisó una modificación en los equipos de control fiscal que están instalados en las cajas registradoras de los negocios. Hoy, en todo el país, hay más de 400 mil controladores fiscales, incluyendo a los que están instalados en cada caja de los grandes súper e hipermercados. Esos dispositivos serán remplazados por otros nuevos en forma paulatina. Estos nuevos aparatos tienen varias ventajas: en primer lugar, le permiten al fisco recibir casi en tiempo real la información detallada de lo que factura cada comercio. Los antiguos controladores sólo habilitaban el dato de facturación global, pero sin precisar ítems: por ejemplo, hoy, la AFIP recibe el dato de la facturación diaria de un comercio X, pero tiene que hacer un trabajo de rastreo de datos engorroso para comprobar a qué cantidad y calidad de unidades responde la cifra. Esta nueva información permitirá dos cosas: en primer término, AFIP le sumará a Economía datos concretos para controlar y medir el comportamiento de los precios, incluso el valor por producto en distintas bocas de expendio. Además, los nuevos controladores interactuarán con el régimen de Factura Electrónica, mecanismo que le permite a AFIP saber costos y valores de la cadena anterior al eslabón final que llega al consumidor.

Antes de darle conocimiento público, fueron los propios supermercados quienes apoyaron la iniciativa en una reunión con Comercio. Es que, para el comercio, también hay beneficios.

Los equipos en las registradores reducirán el tiempo en las filas de los comercios, ya que imprimen tickets con tecnología térmica, similar a las boletas de tarjeta de crédito. Las máquinas operarán si rollo de papel. Los nuevos controladores serán obligatorios en todos los comercios, y el Estado hará una licitación de fabricantes nacionales de los dispositivos. Una vez que cuente con la oferta suficiente, los equipos serán homologados en el INTI y luego se instará a los comercios de todo el país a ingresar al cambio de tecnología.

Control popular

El control de los precios se profesionalizará a través de la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero la arista popular también estará presente. Capitanich instó a “todos los argentinos a que cuiden su propio bolsillo” y sostuvo que “la participación popular de las personas tendrá un valor inestimable” en el éxito del esquema para desarmar las expectativas de aumentos de precios en los productos de la canasta.

El discurso estuvo acompañado también por un gesto importante con la presencia de militantes que mostraron que las organizaciones políticas y sociales ya están atentas al trabajo que se requerirá de su parte. Durante el acto de presentación del acuerdo en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada se pudo ver a los jóvenes con pecheras azules que decían en letras blancas “miramos los precios”.

Créditos

Más oferta. El equipo económico estudia implementar créditos blandos a la producción para incrementar la oferta en aquellos sectores que presentan cuellos de botella.

La influencia de la logística

La logística juega un papel muy importante dentro de la cadena productiva que el gobierno comenzó a analizar de principio a fin. Por esto, dentro del plan oficial se incluye la evaluación de los mejores caminos para reducir la intervención de los camiones en el transporte de cargas –notablemente más caros– para dar lugar a una red ferroviaria más amplia.

Según un estudio del departamento de Economía de la UIA (CEU) en el país la logística estuvo monopolizada hasta el año 2011 en más del 84% por camiones, menos de un 10% se transportó vía ferrocarriles de carga, y el resto por hidrovía. Una parte muy menor se distribuyó en aviones. En tanto que en 2012 y 2013 la evolución siguió poniendo a los camiones como eje, acercándose al 90% del total de los fletes.

La diferencia que existe entre ambos transportes encarece el costo interno de transporte incluso en relación a precios internacionales. Del mismo informe de la UIA se desprende que hoy en día, llevar una carga de Buenos Aires a Salta por camión cuesta unos U$S 2000; mientras que llevar la misma carga en barco desde el puerto de Buenos Aires hasta el de Rotterdam (Holanda), asciende a U$S 3000.

En este escenario, la iniciativa que tomó el gobierno se torna relevante hasta para el consumidor minorista. Hasta el año 2011, el costo logístico en el país equivalía entre un 16 y un 22% del precio de un producto final al que acceden los consumidores. En 2012 y 2013 esa injerencia ya es superior al 30 por ciento. Por esta razón, los empresarios creen que una matriz de transporte más equilibrada podría contribuir a una política de mayor estabilidad de los precios minoristas.

Fuente: Tiempo Argentino

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