POLITICA

“Hay que avanzar en la participación popular en el control de las policías”

El jefe de Gabinete asistió a la asamblea de Carta Abierta, donde volvió a plantear la necesidad de una reforma del sector. Analizan fijar un piso salarial nacional que sirva de referencia, como sucede con la paritaria docente.

“Hay que avanzar en la participación popular en el control de las policías”
Con su sorpresiva aparición en la asamblea del espacio de intelectuales Carta Abierta, Jorge Capitanich ratificó ayer que el gobierno nacional pretende promover y multiplicar el debate sobre la necesidad de democratizar las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. “Es necesario que a este debate que hoy se inicia en la República Argentina se lo promueva intensamente”, avisó Capitanich en un párrafo elocuente de su exposición en la explanada de la Biblioteca Nacional. Las palabras del jefe de Gabinete demostraron que la estrategia oficial tras la gravísima serie de acuartelamientos y sublevaciones policiales de los últimos diez días es intentar hacer valer aquella frase que sostiene que en cada crisis hay, también, una oportunidad. “Tenemos que avanzar en la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”, exhortó el chaqueño entre aplausos de los miembros de Carta Abierta que lo rodeaban, más otros expositores invitados como el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el ex senador Daniel Filmus.
La evaluación que circula en el oficialismo es que las mejoras salariales que concedieron la mayoría de las provincias, por el modo y el momento en que fueron otorgadas (después de ser víctimas de amenazas y advertencias por parte de los policías acuartelados), podrían afectar la autoridad del gobierno democrático para lidiar con reclamos sectoriales y, por ende, deteriorar la gobernabilidad. Para evitar ese efecto no deseado, que tuvo como primera causa el estallido de la crisis policial en Córdoba, la alternativa que impulsa la Casa Rosada es aprovechar la conmoción de las últimas semanas para reinstalar la campaña sobre la seguridad democrática que, desde hace años, vienen planteando organismos de Derechos Humanos y foros especializados, entre ellos el CELS y el jurista León Arslanian, quien fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en dos períodos distintos (1998/1999 y 2004/2007) y hoy dirige el sitio web Portal de Seguridad.org.
Ayer, tras recibir el lunes una invitación formal de Carta Abierta, Capitanich se acercó a la asamblea del espacio para compartir algunas impresiones de lo que había sucedido con las policías provinciales. “Hemos vivido una semana intensa”, reconoció el jefe de Gabinete. A partir de allí comenzó la parte más comprometida de su discurso. El funcionario apareció en la Biblioteca Nacional cuando la discusión de los miembros de Carta Abierta ya llevaba varias horas: el asesor de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos López, quien había llegado temprano, dejó trascender que varios miembros del Gabinete podrían asistir a la reunión en plena tarde de sábado. El aviso se concretó un rato más tarde. Al llegar, Capitanich intercambió algunas ideas con Tomada, López y tres de los representantes más conocidos del foro: el filósofo Ricardo Forster, el sociólogo Carlos Girotti y el arquitecto Jaime Sorín.
La exposición de Capitanich en la Biblioteca Nacional adelantó algunos ejes de la propuesta de reforma de la acción policial que se está discutiendo en el Ministerio de Seguridad y en la Secretaría Legal y Técnica, de Carlos Zannini. “La seguridad pública es un poder no delegado de las provincias argentinas, pero las provincias, como lo hicimos en el Chaco, tienen que tener Ley de Seguridad Democrática. Hay que democratizar el sistema de seguridad pública, garantizar transparencia, para que las mafias enquistadas, vinculadas a la trata de personas, al narcotráfico y a otros flagelos que agobian a la sociedad argentina, puedan ser desterrados”, subrayó Capitanich. El jefe de Gabinete hizo una cruda evaluación de lo que implicó la sublevación de buena parte de las policías de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Salta, La Pampa y otras provincias. “Las corporaciones no pueden apropiarse de los gobiernos”, advirtió.
En su evaluación de los acuartelamientos policiales, el jefe de Gabinete parafraseó una frase pronunciada por la presidenta en su discurso por los 30 años de democracia. “Todo lo que falta lograr sólo se puede hacer en democracia”, había dicho la mandataria. “Tenemos que entender que los grupos corporativos o los vestigios de la dictadura militar, o aquellos que pretenden socavar las bases de la legitimidad del poder democrático, están siempre al acecho. De la única manera que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia”, aseguró Capitanich.
Luego mencionó dos ideas concretas, que forman parte de varias agendas de transformación para las policías, entre ellas el Acuerdo para la Seguridad Democrática: el control ciudadano de las fuerzas y la firma, por parte de los gobiernos provinciales, del comité de prevención de la tortura para lugares de encierro. Sobre esta última medida, Capitanich puso como ejemplo a su propia provincia. “Solamente hay dos estados que lo cumplen en América del Sur: Chaco y el estado de Alagoas en Brasil”, contó.
Las propuestas de Capitanich en Carta Abierta profundizaron lo que horas antes había planteado el diputado nacional y dirigente de La Cámpora, Eduardo “Wado” De Pedro (FPV). “Sería bueno que las fuerzas provinciales inicien también un proceso de democratización, transparencia y discusión, como lo hicieron las fuerzas nacionales. La presidenta dejó en claro que así como el gobierno nacional apostó a una fuerte renovación en la currícula y la educación de las fuerzas de seguridad nacionales, lo deberían hacer las provinciales”, había dicho De Pedro en una entrevista radial.
Las reformas de las que se viene hablando en el Ejecutivo están siendo analizadas en el Ministerio de Seguridad, mientras al mismo tiempo se está preparando un parámetro salarial unificado para todo el país, como el que rige en la paritaria docente, en la que se establece un salario mínimo que debe ser cumplido en todo el territorio nacional. Además, en la cartera que encabeza Cecilia Rodríguez se está analizando cómo actualizar los suplementos y adicionales de los haberes que cobran los efectivos de las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura,  Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria).
La actualización de los componentes del salario está a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del ministerio: esta labor tiene una complejidad adicional, el cumplimiento del fallo Zanotti de la Corte Suprema que dispuso el blanqueo de la totalidad de los sueldos y la eliminación de los componentes no remunerativos ni bonificables. Con respecto a las propuestas de cambios en la formación, organización interna y relación de las policías con la sociedad, la idea que prima en el Ejecutivo es ir instalando el debate gradualmente para generar un consenso a través de foros con participación ciudadana.
Los puntos principales de la agenda que impulsará el gobierno coinciden, por ejemplo, con el punto 5 de los 10 principios del Acuerdo para la Seguridad Democrática que logró la adhesión de dirigentes de diversos sectores, como Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Felipe Solá (Frente Renovador); Rubén Giustiniani (socialismo), entre otros.
El punto nº 5 del Acuerdo se llama “Gestión democrática de las instituciones de seguridad”. Arslanian, uno de sus firmantes, se reunirá mañana con los miembros del CELS, con la idea de reiniciar la campaña pública en apoyo de esas propuestas. Es muy probable que el propio Capitanich se reúna esta semana con el consejo directivo de alguna de las organizaciones que promueven estas reformas.
La Pampa, en defensa de la democracia
Cientos de militantes e integrantes de distintas organizaciones sociales se concentraron el viernes en Santa Rosa, La Pampa, en “defensa irrestricta de la democracia”, al tiempo que repudiaron “el acuartelamiento sedicioso de un sector de la policía provincial”, que se desarrolló en algunos sectores de la provincia. La concentración se realizó en la plaza San Martín de esa capital con la presencia de la diputada nacional del FPV María Luz Alonso y los legisladores provinciales Luciano Di Nápoli y Miguel Tanos (PJ-La Cámpora), entre otros dirigentes; y fue convocado por distintas agrupaciones sociales y políticas como La Cámpora, Movimiento Evita, Unidos y Organizados, Movimiento Popular por los Derechos Humanos y la UCR, entre otras.
El dato

Anuncio. La presidenta anunciará esta semana la mejora salarial para las fuerzas federales.

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