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La hora de los saqueos

España en crisis. La confiscación de alimentos de primera necesidad por parte de un sindicato rural andaluz para repartirlos entre familias sin ingresos, ha hecho sonar las alarmas. El gobierno y la derecha mediática piden castigo, temerosos de que el fenómeno se generalice.

La hora de los saqueos

(Miradas al Sur) En España y en Europa la imagen de saqueos a supermercados por parte de pobres desesperados ha sido siempre asociada a países delTercer Mundo. Muchos recuerdan casos como el Caracazo de 1989 en Venezuela, reprimido brutalmente por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y que arrojó un saldo de más de 300 muertos, o los saqueos en Argentina en 1989 bajo Raúl Alfonsín y en 2001 con Fernando de la Rúa, o los de Chile de 2010, tras el terremoto, durante la presidencia de Michelle Bachelet. Paradójicamente, en la primera potencia del mundo, en Estados Unidos, se produjeron también saqueos en 2005, tras el paso del huracán Katrina y la pésima gestión por parte del gobierno de George W.Bush.
Sin llegar a ser saqueos como aquellos, sino “confiscaciones” pacíficas y a cara descubierta, las acciones llevadas a cabo días atrás en Sevilla y Cádiz por cientos de jornaleros rurales afiliados al SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) han pasado a ocupar las portadas de todos los medios, provocando vivas polémicas.
El histórico y radical líder del SAT, Manuel Sánchez Gordillo, dirigió micrófono en mano las acciones que se desarrollaron en un supermercado de Mercadona en Sevilla y otro de Carrefour en Cádiz, donde los activistas llenaron una decena de carritos en cada caso –exclusivamente con productos de primera necesidad–, con el fin de repartirlos en las barriadas más castigadas por el desempleo. Los miembros del SAT se fueron sin pagar tras explicar el objetivo de su acción y tras momentos de tensión con los responsables de los supermercados y fuerzas policiales.
Gordillo, quien es a su vez alcalde del sevillano pueblo de Marinaleda –2.800 habitantes y 25 kilómetros de extensión– y diputado de Izquierda Unida, reivindicó públicamente las “expropiaciones” como “actos simbólicos de resistencia” frente a los devastadores recortes del gobierno de Rajoy. “Andalucía tiene el índice más alto de desempleo de España, el 34% de su población activa”, denunció Gordillo, “son 1.250.000 personas; hay tres millones de pobres, el 40% de la población andaluza; 200.000 personas han sido desalojadas de sus casas en los últimos años por no poder pagar sus hipotecas y hay 300.000 personas subalimentadas”. “¿Cómo no nos vamos a rebelar?”, pregunta Gordillo, “si vemos que aquí se sigue viviendo como en épocas feudales, con más del 50% de las tierras cultivables en manos de un 2% de propietarios, mientras medio millón de jornaleros no tienen tierras?”.
Gordillo denuncia que el gobierno –al que califica de “franquista”– y la Justicia amenazan con duros castigos a los autores de las “expropiaciones”, mientras decenas de políticos imputados por graves casos de corrupción y banqueros que han llevado a la ruina a cientos de miles de personas siguen tranquilos en la calle. Y advierte que las acciones del SAT no se quedarán allí ni tampoco sus habituales ocupaciones de fincas no utilizadas de terratenientes y del Ejército.
El combativo sindicato de los trabajadores del campo no sólo ha provocado la ira y el temor del gobierno y de la prensa afín, sino que también ha puesto en aprietos a fuerzas de la oposición. El PSOE ha rechazado “los métodos empleados” y hasta la propia dirección local de Izquierda Unida –que gobierna en Andalucía junto con el PSOE– se ha distanciado de sus acciones. A pesar de ello, diputados de IU y muchos de sus militantes se han solidarizado con el SAT.
Con sus “expropiaciones” y ocupaciones de fincas, el SAT, con gran peso entre los trabajadores del campo, ha venido a reemplazar a los mineros en protagonismo de la resistencia. Los mineros siguen su tenaz lucha, aunque hasta ahora no han logrado arrancar al gobierno ninguna de sus reivindicaciones.
A pesar de las vacaciones y la dureza del verano en España, las protestas callejeras contra los recortes no han decrecido. Los empleados públicos especialmente siguen movilizándose diariamente en todos los rincones de España.

“objetores de conciencia”. Más de 1.000 médicos se han declarado “objetores de conciencia” y anunciado que no respetarán la prohibición del gobierno de seguir atendiendo gratuitamente a inmigrantes sin papeles con enfermedades crónicas, como el sida. El Ministerio de Sanidad propone como única opción para los “sin papeles” que paguen 710 euros al año para obtener su tarjeta médica pública, una cifra imposible para la mayoría.
Los casos de resistencia se extienden cada vez a más sectores de la sociedad. Las dos principales confederaciones sindicales, CCOO y UGT han lanzado una gran movilización para que los recortes sean sometidos a referéndum popular.
Y los pronósticos no pueden ser peores.
El gobierno espera recibir estos días los primeros 30.000 millones de euros para salvar a la banca privada al borde de la quiebra –parte del primer rescate de 100.000 millones de euros–, mientras, al igual que el gobierno italiano, intenta conseguir un segundo rescate “suave”. Pero los acreedores no dan tregua. Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) meten más y más presión. Ahora reclaman a Rajoy que baje el salario mínimo –641,40 euros al mes actualmente”, facilite aún más el despido “para estimular al empresariado” y agilice las privatizaciones de empresas públicas.
A pesar de ser actualmente España e Italia los países europeos en crisis sobre los que se centra más la lupa de los acreedores, inversores y especuladores de toda ralea, países que juegan en la primera línea también empiezan a experimentar las consecuencias de la crisis. Y la sombra de la recesión no sólo se acerca más a Francia –así lo prevé su Banco Central–, sino que incluso Alemania empieza a vivir el fenómeno de la desaceleración. La locomotora económica empieza a sufrir las contradicciones de su propio modelo. Aunque se sigue beneficiando al acoger a capitales que huyen de otros países europeos en crisis, Alemania está viendo una gradual disminución en el volumen de sus exportaciones hacia esos países, debido precisamente a la caída del consumo en estos. Y Alemania exporta nada menos que el 40% de sus productos al resto de Europa.
A pesar de que Ángela Merkel sabe bien que su país está muy lejos de la recesión que se extiende por buena parte de Europa, ve con preocupación con vistas a las elecciones alemanas de 2013 cómo las recetas que impone a sus socios en apuros y de las cuales consigue tantos beneficios para la economía de su país, puede terminar convirtiéndose en un boomerang por la propia lógica del sistema capitalista.

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